Ence cae en Bolsa este jueves un 5,33% al cierre de la sesión, hasta los 5,59 euros por acción, después de que la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar modificara lo pactado con el anterior Gobierno y decidiera no ampliar la concesión de su planta en Pontevedra hasta 2073.

Las acciones de Ence lideraban las caídas del Ibex 35 en esta jornada bursátil al perder un 4,3%, hasta los 5,6 euros, aunque en un primer momento llegaban a dejarse casi un 6%.

Ence ha mostrado su rechazo, según se desprende a través de un comunicado, "ante el inesperado cambio de criterio" del Gobierno, si bien la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar pretende que se declare la nulidad de la resolución del 20 de enero de 2016 por la que se otorgó a la Sociedad la prórroga de la concesión de Pontevedra.

La sociedad considera que la mencionada actuación de la Administración General del Estado "es contraria al ordenamiento jurídico" e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento.

"Esta actuación sólo puede ser explicada en clave electoral y supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural", ha señalado Ence.

Peligran más de 5.000 puestos de trabajo

El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de esta empresa, según se ha señalado en el comunicado.

En caso de que el tribunal acepte la nueva posición del Ejecutivo, se produciría "una fuerte destrucción de empleo en todo Galicia" porque de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias, según dicho comunicado.

La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra.

También argumenta que el sector forestal del noroeste de España "se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda" lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales.

De manera que "ante esta sorprendente decisión, la compañía va a utilizar todas vías jurídicas para defender la validez de la prórroga" de la concesión de su biofábrica pontevedresa, cuyo proceso de renovación siguió escrupulosamente el procedimiento establecido por la Ley de Costas vigente.

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