La expresidenta de la Comisión de Nombramientos del Banco Popular Reyes Calderón ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que actuó con "transparencia" y cumpliendo la normativa de la entidad en la sucesión como presidente de Ángel Ron, al que dice haber mantenido informado en todo momento.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, Calderón, que ha comparecido durante cerca de dos horas en calidad de investigada, ha negado que llevara a cabo este proceso a escondidas de Ron, ya que le tuvo al tanto de las novedades tanto por correo electrónico como en persona.

Asimismo, y en contra de lo que relató el expresidente en su declaración de finales de octubre, ha defendido que estaba habilitada para llevar a cabo el relevo dada su condición de presidenta de la citada comisión y su papel de consejera coordinadora.

Aunque la atención de esta primera pieza separada del caso se centraba en esclarecer en qué situación llegaba el banco a la ampliación de capital de 2016, que captó 2.500 millones de euros, la declaración del expresidente del Popular y el interés demostrado por el propio juez han convertido el relevo al frente del banco en un tema recurrente hasta la fecha.

La versión de la exconsejera contrasta con lo expuesto por Ron

Ron indicó al titular del juzgado central de Instrucción número 4 que los máximos accionistas del banco, la Sindicatura, llegaron a advertirle de que no apoyaban la forma en la que se estaba planteando el cambio en la presidencia.

En concreto, temían que "empezara la reingeniería de un proceso llevado a cabo de una forma incompatible, incluso con los estándares menos exigentes de gobierno corporativo".

"Mal empezaríamos a hacer las cosas, como nuestro nivel de responsabilidad nos exige, si desde el minuto cero dificultamos la asistencia al debate adecuado a todos los consejeros que manifiesten su voluntad de contribuir a hacer las cosas simplemente bien", señalaba el documento, al que no se ha hecho alusión en el interrogatorio de Calderón.

De ahí que plantearan someter el cese de Ron al Consejo de Administración en pleno, en vez de haberlo tratado en ausencia de varios consejeros, ya que "sustraer ese debate a la mayoría, imponiendo al presidente", constituye una conducta "precipitada e inaceptable".

También "unilateral", como denunció la Sindicatura en noviembre de 2016 en un informe, en el que afeaba que Calderón hubiese puesto en marcha, "por su cuenta, la ejecución de un plan, contratando un 'head hunter'" para que buscara aspirantes a "presidente, seleccionando y entrevistándose con supuestos candidatos para el cargo, sin tener facultades ni competencias para ello".

En concreto, el futuro presidente debía ser "humilde, fácil de trato" y con una trayectoria "inmaculada"; el encargo, realizado a la consultora Spencer Stuart, se hizo con "extrema confidencialidad y altísima urgencia", y le supuso al banco una factura de 605.000 euros.

A lo largo de la mañana han comparecido además el vocal de la Comisión José Ramón Estévez, y el representante de la Sindicatura de Accionistas del Popular, Miguel Ángel del Solís, que en una breve declaración ha dicho que no recordaba todos los detalles de este proceso.

El juez Calama reanudará los interrogatorios este miércoles, jornada en la que están citados los exconsejeros del Popular Ana María Molins y Jorge Oroviogoicoechea.