El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno debe aprobar antes de seis meses la normativa necesaria para que se puedan actualizar los sueldos de 877 funcionarios titulares de organismos públicos de investigación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso de una veintena de investigadores de organismos públicos contra la inactividad reglamentaria del Gobierno, que ha incumplido su obligación de desarrollar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Del desarrollo de esa norma, que el ejecutivo deberá tener listo antes de seis meses, depende una parte de las retribuciones de 877 funcionarios provenientes de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos de Investigación que, con el sistema anterior a la Ley, no tenían complementos por méritos investigadores (quinquenios) y de excelencia científica del complemento específico (sexenios).

Los recurrentes, funcionarios de carrera, aducían que, a pesar de que la ley prevé que el nuevo régimen de carrera profesional y retributivo entraría en vigor el 1 de enero de 2014, la Administración no ha hecho lo necesario para ello.

El Gobierno no negó la inactividad, pero entendía que concurría una causa legal que no permitía el cumplimiento, concretamente las limitaciones de incremento de gasto público de las leyes de presupuestos para los años 2014 y 2015, normas que establecen un mandato explícito y general de estabilidad y control del déficit.

Sin embargo, el Supremo aprecia que "la Administración incumple un claro deber legal".

Satisfacción desde la plataforma 5s6s

Desde la plataforma 5s6s (quinquenios y sexenios) de científicos de los organismos públicos de investigación, que agrupa a más de 400 afectados, entienden que la sentencia es un espaldarazo a todo lo que han venido defendiendo durante muchos años: "teníamos razón cuando denunciábamos que el Gobierno burlaba las leyes vigentes con excusas insostenibles", señala a Efe su portavoz, Mariana Albentosa.

Para esta científica, la sentencia deja "muy claro" que la ley debe cumplirse con efectos de 1 de enero de 2014 y no con efectos de 1 de enero de este año "como pretende imponer" el Ejecutivo a través de la disposición adicional 37 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, actualmente en fase de tramitación.

Según esta plataforma, en el citado proyecto de presupuestos aparece una disposición adicional que "abre la puerta" al cumplimiento de la ley de la ciencia en relación a las escalas científicas y equiparación de salarios, pero "recortando retroactivamente los derechos de los investigadores y penalizándolos por la inactividad del Gobierno durante los últimos siete años".

Antes de conocer la sentencia, los afectados se habían dirigido a todos los grupos parlamentarios, que en junio pasado habían aprobado por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a lo mismo a lo que ahora obliga el Supremo, recuerda Albentosa.

"A los grupos les pedimos que presentaran y apoyaran enmiendas a la disposición adicional 37 de los presupuestos para incluir la fecha de efectos que figura en la ley de la ciencia (1 de enero de 2014) y no la que ha incluido el Gobierno para despojarnos de cuatro años de derechos consolidados".

En este sentido, la portavoz de la plataforma explica que solo el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda parcial a tal efecto, así que se van a dirigir al resto de las formaciones para que apoyen ese texto, "que permite preservar nuestros legítimos derechos".

Al Tribunal Constitucional

"De no hacerse así nos obligan a recurrir la disposición adicional 37 al Tribunal Constitucional para no perder definitivamente esos derechos", subraya esta investigadora.

Albentosa recuerda además que las demandas judiciales las iniciaron en 2014 tras comprobar que no se cumplía la ley al no permitirles presentarse a la convocatoria de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investigadora (CNEAI) de ese año.

Para ello se hizo un fondo económico con el que mantener las diferentes iniciativas judiciales, que ha sido sufragado en su totalidad por 130 investigadores, algunos se han jubilado ya.

"Esto es especialmente desesperante ya que tendrán que volver a los tribunales para que se les reconozca sus derechos pues estaban en activo en 2014", apunta la portavoz de la plataforma, que añade que aunque esta demanda la firmaron 22 científicos, sin la contribución de estos jubilados y de todos los contribuyentes del fondo no hubiera sido posible continuar con la vida judicial.

"Triste es tener que ir a los Tribunales para que el Gobierno cumpla con la ley", concluye. EFEfuturo