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España se ha situado como el séptimo país por el volumen de la producción científica relacionada con la covid-19, con cifras similares a las de una "potencia" en esta materia como Alemania y por encima de otros países como Australia o Francia, y ha participado en el 4,4 por ciento de las publicaciones que se difundieron.

Los datos se ponen de relieve en el informe "Lecciones y retos tras dos años de pandemia" que ha elaborado la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) -dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación-, que revisa cómo la crisis causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto de relieve el papel fundamental de la ciencia para asegurar el desarrollo y el bienestar.

En el estudio elaborado por esta Fundación, que se ha presentado hoy en Madrid, han colaborado muchos de los actores que han participado de una forma activa en la lucha contra la pandemia, tanto desde el ámbito de la investigación y la innovación como especialistas que han profundizado en el análisis de los efectos emocionales que ha causado la crisis sanitaria, económica y social.

Han corroborado los expertos que las consecuencias de esta crisis carecen de precedentes y suponen una experiencia que podría representar una nueva oportunidad para proteger la salud y el bienestar de la sociedad, y cómo la rápida difusión del conocimiento científico fue vital desde el inicio para salvar vidas.

En ese sentido, el informe valora que las principales editoriales científicas compartieran desde el comienzo y de una forma abierta todos los resultados que iban obteniendo para ayudar a los profesionales sanitarios a afrontar la pandemia, y ha constatado que durante dos años -entre abril de 2020 y marco de 2021- se han publicado en el mundo un total de 375.652 documentos sobre la covid.

Los países que más han aportado a esa producción científica han sido Estados Unidos (91.725 documentos en ese periodo); China (45.420); Reino Unido (35.776); India (26.025); Italia (24.725); Alemania (18.172); España (16.396), Canadá (15.931); Australia (15.602); y Francia (11.367 documentos).

Esa ingente producción científica fue posible, constata el informe de la FECYT, porque en el primer momento de la pandemia numerosos investigadores decidieron reorientar sus trabajos de investigación hacia la nueva enfermedad con el objetivo de lograr tratamientos y vacunas efectivos y seguros lo antes posible.

Así, mientras los investigadores reorientaban sus esfuerzos para combatir la pandemia, los médicos redirigían el esfuerzo asistencial para hacer frente a la situación hospitalaria y reforzar las unidades más saturadas (cuidados intensivos y anestesia) y muchas empresas adaptaban sus estructuras y procesos para atender las nuevas necesidades.

La crisis ha demostrado además que una pandemia es "mucho más que un agente infeccioso" y subraya, en ese sentido, cómo han evolucionado las opiniones de la sociedad y las reticencias que al principio mostraba una parte de la sociedad hacia las vacunas.

Los datos, recuerda el informe, revelan que en julio de 2020 solamente un tercio de la población expresaba con total seguridad su intención de vacunarse tan pronto como las autoridades sanitarias le ofreciesen una vacuna; que en enero de 2021 esa proporción aumentó hasta el 58 por ciento; y que en diciembre de 2021 el 95 por ciento de la población ya había recibido la primera dosis.

Las principales "lecciones" que ha dejado la pandemia, concluye el informe, son el esfuerzo científico y sanitario, el impulso de la innovación en las empresas y la "excelente" reacción de la sociedad española ante la vacunación.

Para la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la cadena "investigación-innovación" ha sido crucial para afrontar la crisis; "han sido herramientas imprescindibles para salvar vidas, para buscar soluciones y para devolvernos a la normalidad", y ha asegurado que lo serán también para afrontar las secuelas de la pandemia y las nuevas crisis que pueden surgir.

Morant, en el texto que introduce el informe de la FECYT, ha enmarcado en ese reto los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por mejorar el sistema de ciencia, y ha destacado en ese sentido la modificación de la Ley de Ciencia para dar más oportunidades y derechos al personal de investigación, para garantizar una financiación creciente y estable de la I+D, para reducir las cargas burocráticas y para mejorar la transferencia del conocimiento científico a la sociedad.