EFEBruselas

La Comisión Europea (CE) pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga a España una multa millonaria por no incorporar a su ordenamiento jurídico la directiva europea de protección de datos en el ámbito penal, que debería haberse traspuesto a la legislación española en mayo de 2018.

Bruselas pidió a la justicia europea que sancione al país con el pago de 21.321 euros diarios, con un mínimo total de 5,29 millones de euros, entre el día posterior al plazo para adaptar la directiva y ya sea el cumplimiento por parte de España o la fecha en que se dicte sentencia.

Además, pide una multa diaria de 89.548,20 euros desde el día de la sentencia de la corte comunitaria hasta que España cumpla plenamente con la directiva europea o haya una segunda sentencia.

El Consejo y el Parlamento acordaron en abril de 2016 que esta directiva debía trasladarse a las leyes nacionales de los Estados miembros a más tardar el 6 de mayo de 2018.

La Comisión ya había abierto expediente a España por no hacerlo en julio de 2018, cuando envió una notificación formal a las autoridades españolas, y posteriormente en enero de 2019, cuando dio un ultimátum al Gobierno con un plazo de dos meses para corregir la situación y evitar así una posible denuncia ante la Justicia europea.

Esta directiva no tiene que ver con el reglamento general de protección de datos (RGPD), sino que está relacionada con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, recuerda el abogado Borja Adsuara en su cuenta de Twitter.

Lo mismo a Grecia

Bruselas también propuso hoy una multa a Grecia por el mismo motivo, en su caso en forma de una suma fija de 5.287 euros diarios calculada entre el día siguiente a la expiración del plazo de adopción de la directiva y la fecha en que se dicte sentencia.

La CE precisó que la suma global mínima debe ser de 1,31 millones y una multa diaria 22.169,70 euros diarios entre la primera sentencia y su cumplimiento o hasta la segunda sentencia.

Según el Ejecutivo comunitario, la falta de transposición de España y Grecia crea un nivel diferente de protección de los derechos y libertades de las personas y dificulta el intercambio de datos entre estos dos países, por un lado, y los otros Estados miembros.