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El Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han establecido una serie de mecanismos para frenar la difusión de vídeos con cualquier tipo de violencia o acoso (machista, escolar o laboral) y tratar de evitar así el daño extra y la humillación pública que sufren las víctimas.

Con ese objetivo varios responsables del Gobierno en funciones han firmado protocolos de actuación con la Agencia, que va a poner además en marcha un canal para retirar con la mayor celeridad posible los contenidos especialmente sensibles en internet.

Tolerancia cero

El objetivo principal de los protocolos que se han activado es el de avanzar hacia la "tolerancia cero" contra los vídeos y las imágenes violentas, y evitar que ese tipo de grabaciones se hagan virales en las redes sociales, lo que supone un daño extra para las víctimas que sufren ese tipo de abusos y acoso.

En el acto que se ha celebrado en la sede de la AEPD han intervenido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Trabajo, Magdalena Valerio; la Fiscal General del Estado, María José Segarra; la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; y la directora de la AEPD, Mar España.

Todos han subrayado las ventajas que ofrecen en la actualidad las nuevas tecnologías pero también han alertado de que éstas proporcionan herramientas que pueden servir de cauce para dañar de una forma grave la privacidad de las personas.

Los protocolos que han activado hoy parten de una realidad: con la extensión y el uso intensivo de dispositivos móviles, internet y las redes sociales ha proliferado también la difusión de nuevas formas de violencia que persiguen además la humillación pública de las víctimas.

El "canal prioritario" que la AEPD ha puesto en marcha para comunicar la difusión ilícita de contenidos sensibles y solicitar su retirada pretende ofrecer una respuesta rápida en situaciones "excepcionalmente delicadas", como las que incluyen la difusión de imágenes con contenido social o violento.

Dar prioridad a las reclamaciones

Las reclamaciones que se reciban en ese sentido serán analizadas de forma prioritaria para que la Agencia pueda adoptar cuando sea necesario medidas urgentes para atajar o limitar la difusión de esas imágenes.

Este nuevo mecanismo está especialmente indicado para las víctimas de violencia machista, agresiones sexuales o acoso, y para aquellas colectivos especialmente vulnerables, como los menores de edad, las personas discriminadas por su raza u orientación sexual o las personas con alguna discapacidad.

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha corroborado la preocupación del Ejecutivo por este tipo de hechos y por el desenlace "fatal" de las víctimas que en ocasiones se registra cuando se produce la difusión y "viralización" de ese tipo de imágenes.

Calvo ha incidido en la necesidad de que ninguno de estos hechos quede impune y en la necesidad de la prevención, y ha destacado la trascendencia de frenar y de prohibir la difusión de este tipo de vídeos en los primeros momentos.

La vicepresidenta del Ejecutivo ha señalado como ejemplo que ese tipo de vídeos e imágenes pueden "marcar" la vida de un niño, o los que se graban y difunden en el ambiente laboral, y ha corroborado en este sentido la importancia del esfuerzo coordinado que prevén los protocolos que se han firmado hoy.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha incidido en la necesidad de que la respuesta institucional ante la difusión de ese tipo de imágenes con contenidos violentos sea "rápida y eficaz" y en la importancia de imponer sanciones que resulten disuasorias y contribuyan a frenar estos hechos.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se ha referido a la importancia de actuar desde todos los frentes contra este tipo de hechos que han proliferado con internet y el uso intensivo de las redes sociales, y ha insistido en que se trata de un problema común y es responsabilidad de todas las instituciones que la sociedad tome conciencia de su gravedad.

Imagen 'cosifocada' de las mujeres

En el mismo sentido, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha denunciado la imagen "cosifocada" de la mujer en ese tipo de vídeos, la imagen que se da de los menores que sufren algún tipo de violencia o acoso y en la necesidad de reforzar la protección y la consolidación de los derechos de las personas en el entorno digital.

La difusión de videos o imágenes que incluyan contenidos sensibles tiene, según han subrayado todas las instituciones que han intervenido en el acto, consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales.

Esas responsabilidades pueden recaer por ejemplo sobre una empresa: una trabajadora denuncia una posible situación de acoso y la empresa no actúa; o dos trabajadores varones son hostigados y grabados por sus compañeros mantener una relación sentimental y la empresa no adopta medidas para atajarlo.

Pero pueden también recaer sobre los ciudadanos; por ejemplo cuando unos alumnos graban en el patio cómo otros se burlan o insultan a un compañero; grupos de jóvenes que graban a un menor discapacitado, se burlan y lo "cuelgan" en redes; o cuando una persona publica en fotografías íntimas de su ex-pareja, tomadas inicialmente con su consentimiento. EFEfuturo