Raúl Casado | EFEMadrid

¿Es posible frenar la difusión de vídeos violentos y humillantes y evitar así que se hagan virales?, ¿prima siempre el derecho a la información sobre otros como la intimidad o la protección de los datos personales, incluso en el caso de los menores?

 El Gobierno y varias instituciones tratan de evitar que esa difusión cause un daño extra a las víctimas, pero la propia naturaleza de internet lo convierte en una misión casi imposible, sobre todo en las aplicaciones de mensajería privada.

Son vídeos violentos que se hacen virales en pocas horas debido al efecto multiplicador de las redes, pero también de los medios de comunicación. Como ejemplos, las imágenes íntimas de una persona tomadas por quien ya no es su pareja y difundidas en diferentes foros, o las fotos o vídeos grabados por alumnos en el patio de un colegio o instituto que rápidamente están en numerosos dispositivos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Gobierno han activado esta semana una serie de mecanismos que persiguen poner freno a la difusión de los contenidos violentos que proliferan en las redes sociales y tratar así de evitar el daño añadido y la humillación pública que supone para las víctimas la propagación de las imágenes.

Vídeos como el de la joven agredida en Madrid por unas excompañeras de su anterior centro escolar son difundidos y se hacen virales en las redes sociales en cuestión de horas, pero también son reproducidos por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y colisionan entonces -al margen de las consideraciones éticas- varios derechos (a la información, al honor, a la intimidad...).

Durante los últimos años se han sucedido en España casos similares, algunos de ellos con un desenlace fatal para las víctimas de esos vídeos que se hacen virales.

La iniciativa que ha puesto en marcha la AEPD en colaboración con varios ministerios (Igualdad; Interior; Educación; y Trabajo) incluye la activación de un "canal prioritario" para retirar con la mayor celeridad los contenidos especialmente sensibles en internet.

El canal que se ha habilitado en la Agencia de Protección de Datos (que ha abierto una investigación de oficio en el caso de la menor agredida en Madrid) permite comunicar la difusión ilícita de contenidos sensibles y dar una respuesta rápida en situaciones "excepcionalmente delicadas", como son las que incluyen la difusión de contenido sexual o violento.

Una Internet segura para niños

 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de la plataforma Internet Segura For Kids (IS4K) ha puesto en marcha también varias campañas para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de hacer un uso seguro y responsable de las redes.

Manuel Ransán, responsable del área de Menores del INCIBE, ha corroborado la dificultad de controlar un contenido cuando ha empezado a circular por la red; "el ecosistema de internet ha traído consigo nuevas dimensiones que tienen una gran repercusión sobre lo que compartimos en línea y cómo interactuamos en relación a un contenido".

La facilidad de "copiar y pegar" cualquier contenido, incluso de archivarlo y que tenga persistencia en el tiempo "son características que dificultan enormemente la posibilidad de frenar su difusión", señala Rasán..

Pero también ha observado que la mayoría de las redes sociales y plataformas que permiten el alojamiento de ficheros o vídeos disponen de mecanismos "de reporte" para combatir la difusión de contenidos que atenten contra los derechos de la persona, como el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen.

Este especialista en ciberseguridad y menores ha diferenciado esas redes sociales -y la posibilidad real de agilizar la gestión con ellas para limitar el tiempo de exposición de un determinado contenido- de las redes privadas, como las aplicaciones de mensajería instantánea, en las que es imposible saber qué contenidos están circulando salvo si se tiene acceso físico al propio teléfono.

Manuel Ransán ha insistido en el doble daño (la "revictimización") que se produce cuando esos contenidos se difunden, "e incluso cuando no se llegan a difundir", por el sufrimiento que puede tener una persona que sabe que esa grabación existe y puede ver la luz.

La tiranía el clic y de la audiencia

Sobre la mesa otro debate: si la difusión de este tipo de vídeos o imágenes en los medios de comunicación puede contribuir a aumentar la sensibilidad social contra ese tipo de acciones o si por el contrario contribuyen a "viralizar" aún más una grabación ilícita y aumentar el daño y la humillación de la víctima.

Desde el INCIBE, el especialista en seguridad y menores ha subrayado la posibilidad de ejercer el derecho a la información, así como sensibilizar a la sociedad sobre comportamientos inapropiados o perjudiciales, y de compaginar ese derecho con el respeto al derecho de las personas a su intimidad y a su propia imagen.

El abogado Borja Adsuara, especializado en protección de datos y profesor universitario de Derecho de la Comunicación Audiovisual, ha coincidido en que se pueden suprimir ese tipo de vídeos de los sitios web y plataformas digitales, pero es "imposible" impedir su viralización a través de aplicaciones de mensajería privada.

Adsuara ha observado que el derecho constitucional a la información está limitado por el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, pero también que éstos "ceden" en ocasiones ante el derecho a la información.

"No hay derechos absolutos y en cada caso hay que sopesar qué derecho prevalece", según este abogado, y ha agregado: "Publicar un vídeo tiene un indudable valor informativo y de denuncia, pero hay que hacerlo con cuidado para no desvelar la identidad de la víctima".

A su juicio, muchos medios de comunicación "abusan" de este tipo de imágenes porque se aseguran visitas y audiencia (la tiranía del clic y de la audiencia, dice), "pero no es menos cierto que también ayudan a sensibilizar a la sociedad con estos hechos". Es, según Adsuara, una cuestión de medida y de deontología profesional.