El grupo ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) compensará en Estados Unidos a los afectados por el diéselgate (el montaje de un software que altera las emisiones de NOx de sus vehículos) con hasta 3.075 dólares (unos 2.747 euros).

El grupo ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha logrado con este acuerdo -comunicado el sábado 4 de mayo- con la  justicia de Estados Unidos poner fin a la demanda colectiva a la que se enfrentaba en este país por el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus motores diésel.

FCA ha explicado en un comunicado que "ha recibido la aprobación final" de este acuerdo para poner fin a la disputa, pero reitera que no cometió ninguna infracción ni ninguna irregularidad.

El grupo subraya que el acuerdo "proporciona compensación monetaria" a una serie de clientes afectados, que deberán presentar las reclamaciones antes del 3 de febrero de 2021.

FCA pagará hasta unos 2.500 euros a los afectados como compensación por los perjuicios ocasionados

"Los clientes que presenten una reclamación válida recibirán un pago en efectivo. Según el acuerdo de demanda colectiva, los propietarios pueden recibir hasta 3.075 dólares (unos 2.747 euros), y los que alquilaron los vehículos con opción de compra, hasta 990 dólares (unos 884,4 euros)", se lee en el comunicado.

FCA también se compromete a facilitar actualizaciones gratuitas del software de control del motor y una garantía extendida del tren motriz para las camionetas Ram 1500 2014-2016 y los SUV Jeep Grand Cherokee con motor diésel.

Finalmente, informará a un auditor independiente sobre el estado de varias iniciativas dentro de la compañía, como los avances en capacitación y las mejoras en el proceso de certificación.

En enero FCA ya adelantó que pagaría 800 millones de dólares por su software ilegal

El pasado enero, FCA informó de que pagaría en EE.UU. 800 millones de dólares (unos 715 millones de euros) para resolver demandas sobre el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus motores diésel.

El acuerdo evita que FCA se enfrente en los tribunales a demandas interpuestas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Departamento de Justicia y 50 estados, entre otros organismos públicos.