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El debate para la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado en el Congreso de los Diputados mentiras e inexactitudes centradas sobre todo en cuestiones como el empleo, el independentismo, la violencia machista y el panorama político en Cataluña y Navarra.

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)

¿Por qué no quieren ustedes que se forme Gobierno, después de dos elecciones generales en 2019, cinco procesos electorales que han perdido en el año 2019? Usted está a tres millones de diferencia del peor Mariano Rajoy, señor Casado. Por tanto, lecciones las justas.

Esa cifra es errónea. De hecho, suma 800.000 votos a la diferencia real de votantes.

En las últimas elecciones generales, celebradas el pasado 10 de noviembre, el PP de Casado obtuvo 5,02 millones de votos y el peor resultado de Mariano Rajoy se produjo en diciembre de 2015, cuando registró 7,23 millones de votos. De esta forma, la diferencia entre los apoyos registrados por ambos líderes populares se sitúa en torno a los 2,21 millones, no en 3 millones.

La distancia entre ambos se acercó más a los 3 millones de votos en abril de 2019, las primeras de Casado como candidato popular y cuando este consiguió el apoyo de 4,37 millones de electores, 2,86 menos que el Rajoy de 2015.

En septiembre de 1991, UPN accedió por primera vez al Gobierno de Navarra. UPN y HB se aliaron en el no al Partido Socialista y se eligió al candidato de UPN por ser la lista más votada. UPN accedió al acuerdo con HB y obtuvo la presidencia.

No es cierto que UPN firmara un pacto con HB para llegar a la presidencia autonómica. El partido regionalista navarro se hizo con el Gobierno gracias a un mecanismo propio de su sistema foral, por el cual después de dos meses tras la primera votación de investidura, si no había mayoría, el candidato del partido con mayor número de escaños accedía a la presidencia.

En las elecciones de 1991, UPN obtuvo 20 diputados, frente a 19 del Partido Socialista Navarro, seis de Herri Batasuna, tres de Eusko Alkartasuna y dos de Izquierda Unida.

El Parlamento autonómico rechazó en varias votaciones a los dos candidatos que se presentaron a la investidura, tanto el de UPN (Juan Cruz Alli) como el del PSOE (Gabriel Urralburu); en ambos casos HB votó en contra.

Ante la falta de mayoría, Juan Cruz Alli fue nombrado jefe del Ejecutivo regional por liderar la lista más votada.

La polémica proviene de la posición que adoptó HB entonces, ya que, si los seis diputados con los que contaba se hubieran abstenido, el PSOE habría gobernado al contar con mayoría simple por el apoyo de otras formaciones. Los socialistas navarros, de hecho, apuntaron a la existencia de un pacto tácito entre UPN y la formación independentista.

PABLO CASADO (PP)

El empleo (está) en su peor cifra de los últimos seis años, el crecimiento económico ha bajado del 2 % y el déficit se ha duplicado en relación a lo comprometido.

Es una afirmación engañosa.

Es cierto que el crecimiento del empleo ha sido el más lento desde 2013, pero no se puede afirmar que registra su peor cifra en seis años porque 2019 se cerró con 19.408.538 afiliados a la Seguridad Social, muy cerca del máximo histórico (19.517.697, alcanzado en julio de este año), según datos del Ministerio de Trabajo.

A lo largo de 2019, el número de afiliados aumentó en 384.373, que es la cifra más baja desde 2013, ya que en 2014 se crearon 417.574 empleos; en 2015, 533.185 empleos; en 2016, 540.654 empleos; en 2017, 611.146 empleos, y en 2018, 563.964 empleos.

Usted ha pactado con Otegi. Pues sí, para usted es un hombre de paz, una patente de corso aquel que estuvo encausado y aún no se ha dilucidado que pudo disparar en el vientre de un padre de la Constitución.

Aunque Casado vincula así a Otegi con el intento de secuestro de Gabriel Cisneros, el actual líder de EH Bildu fue absuelto en la causa que investigó este suceso.

La Audiencia Nacional absolvió al exetarra y a otro supuesto miembro de la banda terrorista, Luis María Alcorta Maguregui, de haber intentado secuestrar al jurista y entonces diputado de UCD al no haber pruebas suficientes para condenarlos.

Los hechos se produjeron la noche del 3 de julio de 1979, cuando, según relató Cisneros durante el juicio, dos hombres intentaron introducirle en un vehículo cuando se dirigía a su domicilio y, tras forcejear con ellos y escapar, le dispararon en el estómago.

En la vista oral, Cisneros señaló declaró que uno de los acusados "con seguridad" no fue uno de sus agresores y que el otro de los procesados guardaba "una gran semejanza", aunque no era "capaz de afirmarlo rotundamente".

En 2011, Sánchez votó los recortes y la congelación de las pensiones, como acaba de hacer ahora.

Afirmar que Sánchez ha congelado las pensiones es engañoso, porque, cuando el Consejo de Ministros acordó hace unos días suspender la revalorización mínima automática de las pensiones el 1 de enero, lo hizo precisamente para aplicar una subida superior sin tener que duplicar procedimientos.

Eso sí, hasta que entre en vigor esa nueva subida, con efectos retroactivos, los pensionistas no percibirán el 0,25 % de revalorización mínima anual de las pensiones previsto en la Ley General de la Seguridad Social.

El Real Decreto-ley 18/19, aprobado el pasado 27 de diciembre, dispone la suspensión de esta subida automática del 0,25 %, pero con la intención de que, cuando el Gobierno entre en plenas funciones, se apruebe una revalorización del 0,9 %, conforme a la inflación, que será aplicada con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Tanto la referencia del Consejo de Ministros como el texto del real decreto precisan que la decisión de suspender la subida del 0,25 % desde el 1 de enero tiene como objetivo no duplicar procedimientos, ya que con una doble revalorización -el 0,25 % en enero y el 0,65 % restante cuando hubiera Gobierno- se duplicarían los costes informáticos y de comunicación a los beneficiarios.

SANTIAGO ABASCAL (VOX)

Me viene la imagen de un buen hombre jubilado que ayer osó colocarse delante de la sede del PSOE para decir 'Viva España' y 'Feliz Navidad', y que fue arrastrado de malas formas por la policía que envió el señor Marlaska. En una España en la que se pueden cortar carreteras, en la que se pueden quemar contenedores, y en la que el presidente de la Generalidad está en absoluta rebeldía, se arrastra a un buen hombre jubilado porque osa ponerse delante de la sede del Partido Socialista.

El manifestante no fue reprimido por decir "Viva España" o "Feliz Navidad" ni por estar frente a la sede del partido, sino por resistirse a cambiar su ubicación para permitir el paso.

Los hechos ocurrieron este viernes frente a la sede de la calle Ferraz, donde un hombre con una pancarta y una bandera de España gritó diferentes consignas referentes a la unidad nacional.

Los agentes le pidieron que se alejase de la puerta para permitir el paso, ya que el PSOE celebraba su Ejecutiva Federal, y le propusieron que se situara en la acera de enfrente, pero el manifestante rechazó esta opción, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Al constatar que ignoraba sus indicaciones, los agentes intentaron moverle y él se resistió, por lo que finalmente fue detenido y acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Quim Torra acaba de ser condenado e inhabilitado por los tribunales por cometer el delito de desobediencia, por cierto a raíz de una querella que Vox inició en los tribunales. Y aprovecho la ocasión para dar las gracias a los miles de españoles que pagaron la fianza que entonces los tribunales nos exigieron. La Junta Electoral Central ha decidido a raíz de esa condena destituir al presidente de la Generalidad.

La querella presentada por Vox en abril contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no originó la causa en la que el dirigente independentista ha sido condenado a la inhabilitación. Fue la Fiscalía.

El pasado 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra a un año y medio de inhabilitación para cargo público por desobedecer a la autoridad electoral tras negarse a retirar símbolos secesionistas (unos lazos amarillos) de edificios públicos en período de elecciones.

La sentencia precisa que la causa se abrió "a instancias de la querella del Fiscal Superior de Cataluña", que fue admitida a trámite el 1 de abril; la denuncia de Vox, de hecho, se presentó posteriormente, el 3 de abril.

Dado que la condena no es firme, PP, Ciudadanos y Vox decidieron recurrir el fallo del TSJC ante la Junta Electoral Central para pedirle que ordenara retirar a Torra su credencial de diputado autonómico e inhabilitarlo como presidente de la Generalitat lo antes posible. Este órgano aceptó ayer viernes el recurso presentado por los populares y estimó parcialmente los otros dos.

No sirve de nada que ustedes oculten, porque son datos públicos, que el 69 % de todos los varones imputados en violaciones grupales han sido extranjeros.

Este dato es falso. No hay ninguna estadística oficial específica sobre imputados en agresiones sexuales múltiples, por lo que es imposible sostener que el 69 % son extranjeros, como ha hecho Abascal este martes y durante la pasada campaña electoral, al igual que otros dirigentes de Vox.

Sí hay estadísticas oficiales sobre el conjunto de agresiones sexuales y todas ellas reflejan lo contrario: que la mayoría de los autores son españoles.

Así, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del total de 2.917 adultos condenados en 2018 por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 2.184 eran españoles y el resto extranjeros (un 25,1 %). En el caso de los menores, el porcentaje era del 23,5 %: Solo 96 extranjeros de un total de 408 condenados.

Además, de acuerdo con el Informe sobre delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual en España de 2017 (Ministerio del Interior), un 70,1 % de los detenidos o investigados por estos delitos eran españoles, frente a un 29,9 % de extranjeros.

Como argumento para defender la tesis reafirmada este martes en el Congreso por Abascal, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, difundió a principios del pasado noviembre un mensaje en Twitter en el que aseguraba que el Ministerio del Interior había publicado que los agresores en manada eran españoles en un 31 % y, por tanto, extranjeros en un 69 %.

Pero ese dato era una mera extrapolación sacada de contexto: Vox alude a un informe editado por Interior y elaborado por expertos universitarios, que estudiaban únicamente ataques sexuales en los que el agresor era desconocido para la víctima. Los autores analizaron una muestra de atestados policiales de 2010 que cumplían con ese supuesto y, entre ellos, los que además reflejaban agresiones múltiples. Es en este último grupo de agresores donde un 31 % resultaba ser español.

Además, hay que tener en cuenta que las agresiones sexuales entre desconocidos son minoritarias, como reflejan las investigaciones internacionales en la materia, según ha precisado, en declaraciones a EFE, la doctora en Derecho y Criminología Andrea Giménez-Salinas, coautora del informe publicado por Interior. No son por tanto representativas de la presencia de extranjeros en el conjunto de manadas.

Durante la última sesión del debate de investidura, Abascal ha mencionado además seis casos de agresiones sexuales de las que se han publicado informaciones en los últimos días para denunciar "la plaga de violaciones en manada que se ha cometido en los primeros días de este año y cometidas fundamentalmente por extranjeros".

Una de estas agresiones fue perpetrada el pasado noviembre, aunque sus autores han sido detenidos el 1 de enero, y otras tres no fueron agresiones en grupo, sino individuales: De ellas, una fue cometida en Almería por alguien del que aún se desconoce si es o no español y, en otra, el delito fue de abuso sexual al tocar el agresor el pecho a la víctima en un ascensor.

Los casos citados por Abascal no demuestran ninguna "plaga de violaciones en manada" en los primeros días de enero y tampoco que sean "cometidas fundamentalmente por extranjeros". No hay datos globales sobre agresiones sexuales cometidas en los primeros días del presente mes de enero y tampoco sobre la nacionalidad de los autores de estos delitos.

Quiero comenzar esta intervención condenando el repugnante asesinato que ayer un hombre cometió contra su hija de tres años. Con una ley de violencia intrafamiliar no habría nunca más víctimas de segunda y todos los componentes de la familia, esta niña incluida, estaría igualmente amparada y los agresores estarían igualmente castigados.

Los menores hijos de víctimas de la violencia de género ya están protegidos por la legislación española y sus agresores son castigados.

La nueva Ley de protección de los menores y la infancia, en vigor desde 2015, reconoce como víctimas directas a los hijos de las mujeres afectadas por la violencia de género.

Así, cuando los niños se encuentren bajo la patria potestad o la tutela de una víctima de violencia de género, los poderes públicos garantizarán el apoyo preciso para que permanezcan con su madre, además de prestar atención especializada y ayudar en su recuperación.

La norma obliga a los jueces a pronunciarse sobre la necesidad de ordenar o no medidas relativas a la salida del domicilio familiar, prohibición de aproximación y otras actuaciones civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia. Incluso podrá suspender para el inculpado la patria potestad o custodia, entre otras medidas.

Además, impide que el asesino pueda cobrar la pensión de viudedad de su víctima.

OSKAR MATUTE (EH BILDU)

Lo hacemos también por la memoria de Josu Muguruza, diputado electo de esta Cámara asesinado bien cerca de aquí por unos pistoleros de extrema derecha. El único condenado de aquel crimen pasó solo dos años en la cárcel.

El asesino del diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza no pasó solo dos años en prisión, sino siete, y fue porque falleció durante un permiso penitenciario.

Uno de los procesados por este asesinato, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, fue absuelto, pero el otro, Ángel Duce Hernández, fue condenado a 99 años de prisión y permaneció solo siete años en la cárcel porque murió en un accidente de tráfico durante un permiso penitenciario, que disfrutaba al encontrarse en régimen de segundo grado.

Duce era un expolicía que había ingresado en prisión en agosto de 1990, tras reconocer su participación en un atentado contra parlamentarios de HB, en el que Muguruza murió e Iñaki Esnaola resultó herido. El condenado falleció el 16 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en Alcorcón, cuando disfrutaba de un permiso de seis días.

Duce Hernández fue condenado por la Audiencia Nacional a una pena de prisión de 99 años y ocho meses por este atentado, cometido el 20 de noviembre de 1989 en Madrid. La Audiencia consideró a Duce responsable de dos asesinatos, uno consumado y otro frustrado, y absolvió de estos delitos a Ynestrillas. También se condenó a Duce por delito de homicidio en forma de proposición en la persona del abogado Fernando Salas, ya fallecido y acusador de los policías José Amedo y Michel Domínguez en la causas contra los GAL.

SERGIO SAYAS (UPN)

El PNV firmó con ustedes un acuerdo esta semana. El pacto que usted ha firmado con el PNV es un insulto a Navarra (...) Cuando quieren pactar con usted la competencia de Tráfico, lo que quieren hacer es que la Guardia Civil desaparezca de Navarra. Porque la competencia no es el problema, es con quien la pacta usted y para qué la pacta.

El pacto entre socialistas y nacionalistas vascos no hará desaparecer a la institución de la Guardia Civil de Navarra, ya que el acuerdo afecta solo a las competencias de movilidad y este cuerpo ejerce otras funciones. Además, el Gobierno ya ha avanzado que no tiene voluntad de desplazar a ninguno de los agentes destinados en esta comunidad.

Según el texto del acuerdo de investidura, ambas formaciones acuerdan proceder "en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra".

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) entiende que el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra supondrá "expulsar" a los guardias civiles de Tráfico de la Comunidad Foral, que cifra en 175, como ya ocurrió en 1989 con los que las prestaban en el País Vasco y Cataluña.

Por el contrario, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves durante la presentación del balance de seguridad vial de 2019 que "ningún guardia civil va a salir de Navarra", ya que "necesitamos guardias civiles allí y en el resto de España, como en el País Vasco, en Cataluña, Extremadura o cualquier otra comunidad".

Además del control de la seguridad vial, la Guardia Civil ejerce muchas otras funciones en el territorio nacional a las que sus agentes pueden ser reasignados: seguridad ciudadana, control de armas, lucha antiterrorista, criminalística, violencia de género, conservación de la naturaleza y el medio ambiente, mantener el orden público, lucha contra la delincuencia organizada y delitos por internet, tiene expertos en desactivar explosivos y también pueden proteger y mantener la seguridad de grandes infraestructuras.

La transferencia de las competencias de Tráfico, según ha explicado, se hará de acuerdo con las posibilidades técnicas y económicas.

Información elaborada por Óscar Tomasi, María Pachón, Ramiro Fuente y Desirée García.