Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF Comité Español

Dicen las encuestas que en España hay un 41,6% de indecisos de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Esas mismas encuestas aseguran que de esos indecisos dependerá en gran medida el resultado de la próxima cita con las urnas. Lo cierto es que hay un grupo mucho más amplio –más de 8 millones de personas– que serían, sin duda, la clave de estas elecciones… siempre y cuando tuvieran derecho a voto, que no lo tienen. Por desagracia, se habla muy poco de esa parte de la ciudadanía y se les escucha menos; pasa desapercibida en los debates y en los mítines, excepto a la hora de las fotos o en la propaganda electoral, donde gusta ver sus rostros reflejados.

Esos 8 millones de votos “en blanco” corresponden a las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que como ciudadanos españoles son un elemento clave de nuestro compromiso de país, del desarrollo económico y de nuestro presente y futuro como sociedad. Sin embargo, no parecen contar demasiado –y menos todavía en las encuestas, campañas y programas– en estos tiempos convulsos, de demagogia, dictadura del “like” y cortoplacismos.

¿Qué votarían, si pudieran, los 2,6 millones de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza o exclusión en España? ¿Y el 18% que abandona el sistema educativo antes de tiempo? ¿Y los niños migrantes no acompañados o solicitantes de asilo? ¿Y los que son víctimas del maltrato infantil en el ámbito familiar –37 al día según los últimos datos disponibles–?

Sería bueno que los partidos políticos y sus candidatos se hicieran estas preguntas y se comprometieran a, pase lo que pase después del 28 de abril, poner sobre la mesa las medidas y los presupuestos necesarios para lograr cambios reales en la vida de los niños.

Es cierto que, en esta última legislatura, se han producido algunos avances relevantes en lo que a la infancia se refiere, sobre todo en el plano institucional, que marcan un camino a seguir en el futuro: la creación de dos comisiones permanentes en el Congreso y el Senado, y la puesta en marcha de un Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Pero estos avances no siempre han ido acompañados de cambios reales en las políticas públicas y en las vidas de los niños.

Así, la pobreza infantil es una realidad que –aunque presente en varios programas– no parece preocupar en campaña, ni el abandono escolar temprano, ni la violencia contra los niños, ni la creciente desigualdad, ni la situación de los niños migrantes no acompañados. Y no podemos echarle la culpa a una crisis que ya parece lejana.

Antes de 2008, cuando España todavía vivía su particular apoteosis económica, más de un 25 % de los niños y niñas del país vivían en riesgo de pobreza; durante la crisis la cifra aumentó por encima del 30 % y hoy, a pesar de la tan manida recuperación económica, esas cifras se siguen manteniendo en un más que preocupante 28 %.

Para alejarnos de esos vergonzosos porcentajes, que ponen en peligro a casi un tercio de la población infantil, es necesario tener una visión global, abordar los problemas de la infancia y la puesta en marcha de medidas dentro de una verdadera política de Estado. En este sentido, la figura de un Pacto de Estado por la Infancia puede ser un importante referente de compromiso político para proteger de forma colectiva a un grupo social cuya atención debe ser prioritaria por encima de ideologías, y cuyo bienestar se asume como tarea conjunta de toda la sociedad.

El desafió también requiere una apuesta firme por la inversión en los niños y las niñas; es justo, rentable y beneficia a todos, y, además, representa una opción económica inteligente. Como se recoge en la reciente Proposición No de Ley para un Pacto de Estado por la Infancia aprobada en el Congreso, el incremento de manera progresiva de la inversión social en infancia del 1,3 % del PIB actual al 2,4 % de la media Europea permitiría disponer de los recursos para abordar la pobreza infantil, el abandono escolar y otros muchos problemas que dejan atrás a millones de niños y adolescentes en este país, beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18 %.

No podemos olvidar, en ese enfoque sobre las políticas de infancia, aspectos como el de la participación y ciudadanía infantil, la equidad e igualdad de oportunidades o el desarrollo sostenible y la solidaridad entre generaciones.

Ante esta realidad, UNICEF Comité Español ha lanzado a todos los partidos políticos una serie de propuestas, necesarias y asumibles, que creemos deberían formar parte de toda acción de gobierno posterior al 28 de abril sea cual sea la opción elegida por los ciudadanos, y que pasan, de forma general, por una mejor representatividad de la infancia en las instituciones y en el desarrollo de las políticas públicas, y por una financiación suficiente y justa.

En definitiva, un país responsable con la infancia debería, entre otras cosas, mantener una figura de referencia al más alto nivel político para defender los derechos de la infancia, con capacidad de decisión y coordinación; incrementar el gasto público en protección social de la infancia hasta un 2 % del PIB; aumentar la prestación por hijo a cargo como una de las medidas más efectivas para reducir la pobreza infantil; homogeneizar criterios e intervenciones en las comunidades autónomas, y adoptar un Plan Nacional para una protección integral de los niños y niñas migrantes no acompañados.

También aprobar por consenso una Ley Integral para poner fin a la violencia contra la infancia; reformular la legislación educativa básica con el mayor consenso, establecer más becas y ayudas, y avanzar en el acceso universal a la educación de 0 a 3 años; apoyar a las familias y favorecer la conciliación; avanzar en la implementación de la Agenda 2030 con la definición de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible; reivindicar que nuestro país sea responsable con la infancia más allá de nuestras fronteras, garantizando que sea una de las prioridades de la Cooperación Española y la Acción Humanitaria, y asegurar una cooperación decidida en materia de cambio climático. Además, debemos promover un rol activo de España en la protección de la infancia migrante y refugiada a nivel global.

El coste de no hacer nada es demasiado grande para asumirlo. La incapacidad de hacer frente de manera conjunta a estos desafíos para la infancia sería una expresión de nuestro fracaso como sociedad y como país. Por el contrario, apostar por afrontarlos puede proporcionar una nueva y esperanzadora definición de nuestras aspiraciones colectivas.