Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF Comité Español

Abou (*) tiene 16 años. Es de Costa de Marfil. El país africano, bañado por el Atlántico en el golfo de Guinea, es un prodigio de la naturaleza con playas paradisiacas, exuberantes manglares, selvas tropicales y el mayor parque nacional de África Occidental. Ejemplo de desarrollo durante décadas, con el nuevo siglo la guerra civil sumió a su población en la tragedia, la violencia y la desesperación.

Abou nació y creció en un país en guerra. Con 13 años decidió escapar en busca de un futuro mejor. Recorrió 5.000 kilómetros y dos años más tarde, en la primavera de 2018, llegó a España solo, sin familia, sin nadie que se hiciera cargo de él. Ha pasado meses sin apenas salir del centro de menores en el que vive. No ha asistido al colegio. No ha realizado ninguna actividad formativa. Con semblante serio y triste afirma: “estoy perdiendo los años más importantes de mi vida”.

Nuestro joven amigo forma parte de los 6.063 niños y niñas no acompañados que en 2018 llegaron por mar a la frontera sur española. Una cifra sin precedentes que se ha incrementado en un 150 por 100 durante los últimos dos años. En estos momentos hay, según datos oficiales, 13.012 niños migrantes no acompañados viviendo en nuestro país bajo tutela de las comunidades autónomas. Se trata de la cifra más elevada desde que España se convirtiera en país receptor de inmigración. Estos niños llegan a las costas españolas en pateras, en los bajos de camiones, cruzan las fronteras terrestres por los pasos de Ceuta y Melilla. Llegan sin la compañía de sus padres, familia o un adulto que se haga cargo de ellos. Huyen de la pobreza, de la exclusión, de la violencia, de la falta de oportunidades en sus países de origen.

¿Y qué encuentran aquí? Nuestro país aborda este delicado asunto con una óptica proteccionista a través de herramientas normativas y políticas específicas. Sobre el papel es un planteamiento adecuado y positivo, y alejado de prácticas de otros países donde prima la lógica migratoria, y donde estos niños no son derivados a los sistemas de protección de la infancia. En España, en el momento en el que estos niños cruzan la frontera y son detectados, se les deriva al sistema de protección en el plazo más corto posible.

Por desgracia, este sistema de protección presenta contradicciones y déficits, en ocasiones muy relevantes, que conllevan en la práctica la desprotección de estos niños. Así, cuando un niño o una niña entra en el sistema, en muchos casos, en lugar de un entorno protector donde se garanticen sus derechos, se encuentra con retrasos en los trámites de normalización de su situación y de su escolarización, con sobresaturación y hacinamiento en los centros, y con falta de profesionales. Factores que, como en el caso de Abou, terminan perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida.

El propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se encarga de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo el mundo, destacaba en su último informe sobre España la atención a los niños migrantes no acompañados como uno de los retos más importantes que tiene nuestro país. En las recomendaciones realizadas en 2018, el Comité alertó de los numerosos retos en este ámbito, relacionados tanto con normas y procedimientos (falta de una herramienta para determinar correctamente cuál es el interés superior de cada niño, los procedimientos de asilo y de determinación de la edad, las devoluciones en caliente o la falta de mecanismos de queja en los centros de protección), como con situaciones que se están dando en la práctica (saturación en los centros, ausencia total de abogados, personal insuficiente y no especializado, niños en situación de calle o niños y niñas víctimas de trata que no están siendo identificadas).

Ante esta situación, UNICEF Comité Español acaba de presentar “Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española”, un informe que aborda la situación de estos niños, y analiza las políticas y prácticas de recepción y acogida. https://www.unicef.es/acceso?destination=/ninos-migrantes-no-acompanados

La investigación en la que se basa se ha acercado a todos los actores implicados: a los niños (tanto a los que están en los centros como a los que han salido), a policías, entidades autonómicas de tutela, autoridades estatales en los ámbitos de infancia y migración, personal de los centros, fiscales, jueces, defensorías del pueblo, ONG y agencias de Naciones Unidas. Y la conclusión es que el sistema de protección en España no está teniendo éxito. No consigue proteger a los niños ni lograr su integración social porque choca con normas y políticas desfasadas, insuficientes (por falta de recursos) y descoordinadas.

Creo con sinceridad que en España existe la voluntad política para prestar una protección adecuada y efectiva a estos niños. Como se indica en el informe de UNICEF, ahí están “las herramientas normativas, programáticas y operativas actualmente en proceso de discusión o implementación embrionaria. Esta dinámica no debería ser interrumpida a pesar de los cambios que se puedan producir en el contexto político europeo, nacional, autonómico y local.

Pero la voluntad no basta. Ante la magnitud del problema hay que ser más contundentes y ambiciosos. Se hace necesario iniciar un debate profundo sobre la conveniencia de adoptar un Plan Nacional de Acción, que cuente con el apoyo político y presupuestario a nivel estatal y autonómico a largo plazo. Un plan, como señala el informe, “que garantice una protección efectiva e integral, así como la plena integración social de los niños y niñas migrantes no acompañados, conforme a los compromisos internacionales”.

No nos podemos permitir dejar sin respuesta el reto que supone la atención y protección de los niños y niñas migrantes no acompañados en nuestro país, gobierne quien gobierne. Es un deber moral y una obligación jurídica que emana de normas nacionales y estándares internacionales y que recae en el Estado Español.

Es una realidad que estos niños y niñas, como Abou, están aquí. Es una realidad que en la mayoría de ocasiones no pueden volver. Es una realidad que tienen derechos que no se cumplen, y España obligaciones que debe cumplir. Seamos fieles a los compromisos y veámoslo también en clave de oportunidad.

* Nombre ficticio para proteger su identidad.