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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado la suspensión del acuerdo de visita de tropas (VFA, en inglés) con EEUU, en represalia a la cancelación del visado del senador Ronald dela Rosa, uno de sus principales aliados políticos.

Dela Rosa, considerado el arquitecto de la polémica guerra contra las drogas emprendida por el presidente, ha sido acusado por varias organizaciones de perpetrar violaciones de derechos humanos por los abusos de esa campaña cuando ocupaba el cargo de jefe de la Policía Nacional, designado por Duterte.

"Si no corriges eso, rescindiré el acuerdo de visita de tropas. Terminaré con ese hijo puta", amenazó anoche el presidente en un acto en la provincia de Leyte y dio a EEUU un plazo de un mes para rectificar la medida contra Dela Rosa.

No es la primera vez que Duterte amenaza con rescindir el VFA con EEUU, aliado tradicional de Filipinas en materia de defensa a pesar de que el mandatario haya reorientado su política exterior hacia China y Rusia.

Su portavoz, Salvador Panelo, confirmó hoy que la Comisión Presidencial para la Visita de Tropas ya ha iniciado los trámites para la suspensión del acuerdo, que será efectiva 180 días después de la comunicación formal.

Este acuerdo en materia de seguridad, que entró en vigor en 1999, proporciona la cobertura legal para que las tropas estadounidenses entren en Filipinas para maniobras conjuntas.

A pesar de la postura crítica de Duterte con respecto a EEUU, los lazos de defensa entre los dos países se han mantenido sólidos y las maniobras militares conjuntas se han incrementado en los últimos años, así como la cooperación en materia de contraterrorismo.

Duterte también rechazó una invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para asistir en marzo a una reunión en Las Vegas con los líderes de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que Filipinas es miembro fundador.

Aunque EEUU no ha anunciado la cancelación de la visa del senador Dela Rosa, éste comunicó ayer que le había sido revocada tras semanas de especulación sobre qué oficiales filipinos podrían recibir sanciones de EEUU.

El Senado de EEUU aprobó el 9 de enero una resolución en la que pide sanciones para los funcionarios filipinos implicados en violaciones de derechos humanos como la detención "arbitraria" de la senadora Leila de Lima -una de las mayores críticas de Duterte, a punto de cumplir tres años en prisión sin juicio-, los abusos en la guerra contra las drogas o el "acoso" a la periodista Maria Ressa.

Sin embargo, EEUU no ha hecho pública la lista de castigados y en Filipinas se especula con la posibilidad de que las sanciones puedan alcanzar al propio mandatario.

El pasado diciembre, Duterte también vetó la entrada a Filipinas a los senadores demócratas Patrick Leahy y Dick Durbin, quienes propusieron la resolución, además de amenazar con imponer la necesidad a los turistas estadounidenses que viajen a Filipinas.

"No pueden dictarnos o intimidarnos para que liberemos a un ciudadano de este país que está legalmente detenido. El presidente siente que no podemos sentarnos sin hacer nada", subrayó Panelo, quien consideró que la exigencia de liberar a De Lima es una violación de la soberanía filipina.