EFEJerusalén/Gaza

Cientos de palestinos, en su mayoría mujeres y niños, todos sin cargos, fueron deportados en 1971 por las autoridades israelíes a dos campos de detención en la península del Sinaí, ha revelado una investigación de archivos desclasificados del Estado de Israel.

La información había permanecido sepultada en los archivos del Estado durante medio siglo y fue revelada en la última semana por una ONG israelí, que investigó durante años y finalmente consiguió desclasificar documentos que confirman la existencia de los campos.

En medio del desierto, en territorio ocupado a Egipto, bajo condiciones descritas como inhumanas y por tiempo indeterminado, así fue el cautiverio de más de 300 palestinos residentes en la Franja de Gaza.

¿Los motivos? Diversos: Para unos, ser familiares de personas sospechadas de terrorismo; para otros, el simple hecho de ser jóvenes y estar desempleados.

Los campos eran dos. Uno se encontraba en Abu Zenima, en la costa occidental del golfo de Suez y a unos 300 kilómetros de Gaza, y según una investigación de varios años por parte de la ONG Akevot, abrió hace cincuenta años, el 5 de enero de 1971.

El otro, en la localidad de Néjel, ubicada en el corazón del Sinaí, por entonces controlado por Israel tras ser capturado a los egipcios, junto con la Franja de Gaza, en la guerra de 1967.

Al campo de Abu Zenima fueron enviados al menos 140 familiares de militantes o activistas de la organización nacionalista Fatah -liderada por Yaser Arafat- considerados responsables o sospechosos de actos de terrorismo y que Israel no había logrado atrapar.

Según uno de los informes de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que visitó el campo en febrero de 1971, de los 140 gazatíes que se encontraban allí, 87 eran niños.

"Condiciones prácticamente inhumanas" detallaba el informe, que describía a las autoridades militares israelíes como "despiadadas" y especificaba que entre los detenidos había un bebé de 7 meses y una mujer de 80.

TESTIGO PALESTINO: DECENAS DE PRESOS MURIERON EN LOS CAMPOS

Salah Abu al Jidian, hoy de 66 años y residente de un campo de refugiados en Gaza, fue uno de los detenidos por Israel en Abu Zenima.

"No había espacio ni comida y teníamos prohibido realizar llamadas telefónicas", relata a Efe y agrega un dato no revelado en los documentos desclasificados: decenas de presos murieron en los campos.

"Arrestaron a toda mi familia", recuerda sobre el día en que soldados israelíes deportaron a sus seres queridos y vecinos del enclave a los campos del Sinaí.

"Si no podían detener a uno de nosotros, expulsaban a nuestras familias de sus casas y los arrestaban", relata, y agrega que en algunos casos también destruían sus casas.

Justamente, la política de demolición de casas de atacantes palestinos es aún hoy uno de los castigos colectivos más polémicos en el contexto de la ocupación israelí de Cisjordania, algo que han condenado en numerosas ocasiones la ONU y otras organizaciones humanitarias.

"Destruimos una casa incluso si el hombre de Fatah es solo un inquilino y el propietario no sabe nada al respecto. Lo que saben en Hebrón, Nablus o Gaza es que si alguien se une a Fatah, eventualmente su casa será arrasada. En este caso, la familia será deportada", explicaba el entonces ministro de Defensa, Moshe Dayán, según transcripciones de reuniones de altos cargos israelíes de la época en las que describió los campos como "el mejor mecanismo disuasorio disponible".

En el campo de Néjel, la historia era otra. Quienes estuvieron detenidos allí fueron jóvenes gazatíes cuyo único crimen era estar desempleados.

Su detención, según explicó ese año a la Knéset (Parlamento) el entonces coordinador de la actividad militar israelí en los territorios ocupados, Shlomo Gazit, se debía a que "hombres jóvenes deambulando libremente por las calles constituyen una invitación abierta para que las organizaciones los recluten".

LOS PRIMEROS CASTIGOS COLECTIVOS

Para Lior Yavne, director de la ONG que llevó a cabo la investigación, el objetivo del campo de Néjel era reducir la población palestina de la Franja de Gaza, territorio que en ese momento Israel confiaba en que se convertiría en parte de su territorio.

Con ese fin, explica a Efe, les ofrecían algún tipo de capacitación profesional y la posibilidad de ser liberados si aceptaban mudarse a Cisjordania, con la esperanza de que sus familias se trasladaran con ellos.

Este caso, para Yavne, no es una historia del pasado tragada por el desierto y el polvo de archivos de hace 50 años, sino que resulta "el primer ejemplo del desarrollo e implementación de medidas para presionar a palestinos inocentes con el fin de alcanzar objetivos políticos y de seguridad en el contexto de la ocupación israelí de los territorios".

En esa dirección, pone el foco en un proyecto de ley, aprobado de forma preliminar en 2018 y presentado nuevamente este año ante el Parlamento, en el cual se proponía la deportación de familiares de palestinos que hayan llevado a cabo ataques contra israelíes.

Así, si bien los campos del Sinaí fueron cerrados menos de un año después de abrir y los detenidos devueltos a Gaza, hoy, en 2021, aún están presentes no solo en la memoria de quienes los sufrieron en carne propia sino también, en esencia, en las políticas de castigos colectivos que marcan el día a día de la ocupación.