EFEEdimburgo (Reino Unido)

La Justicia escocesa decidió hoy esperar a ver cuál es la actuación del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, para dictaminar si se ajusta a la legalidad, después de que haya solicitado a la Unión Europea una extensión de la fecha del "brexit".

Tras una breve vista, los tres jueces del Tribunal de Sesiones de Edimburgo se inclinaron por dar continuidad a la demanda que pide esclarecer si el primer ministro actuó de forma ilegal al enviar una carta no firmada para pedir un retraso más allá del 31 de octubre.

"El tribunal considera que el caso debe continuar hasta que quede claro que las obligaciones bajo la Ley de 2019 se han cumplido en su totalidad", declaró el juez Colin Sutherland al anunciar la decisión.

De este modo, el procedimiento legal continuará en una fecha no determinada todavía, que dependerá de los acontecimientos que se produzcan y del posicionamiento que adopte el "premier".

Los magistrados de la más alta instancia civil de Escocia rechazaron así la petición del abogado del Gobierno, David Johnston, que pedía dar por finalizado el procedimiento judicial, al considerar que el Gobierno cumplió con sus obligaciones legales.

El jefe del Ejecutivo envió este sábado a Bruselas una carta sin firmar en que solicitaba una extensión de la fecha de retirada del club comunitario, junto a otra firmada, en que consideraba que obtener ese aplazamiento era un error.

La conocida como "Ley Benn", aprobada por el Parlamento en septiembre, obligaba a Johnson a solicitar este aplazamiento hasta el 31 de enero, en caso de que para el 19 de octubre no hubiese logrado que el Parlamento ratificara el acuerdo del "brexit" alcanzado por él con Bruselas.

Los Veintisiete Estados miembros deben decidir ahora si dan luz verde a un nuevo retraso de la salida británica, lo que debe ser aprobado por unanimidad, después de las dos anteriores prórrogas, que se concedieron hasta abril y finales de octubre.

Pese a reiterar que no pretende alargar el periodo de ruptura, Johnson dirigió la petición al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aunque el hecho de que lo hiciese sin su rúbrica es lo que ha generado controversia.

Para los demandantes -la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el fundador de la asociación anti-"brexit" "The Good Law Project", Jolyon Maugham-, el hecho de que la petición no llevase la firma de Johnson puede considerarse un "desacato" de sus obligaciones legales.

Es por ello que su representante legal, Aidan O'Neill, solicitó que el procedimiento legal no se detenga hasta comprobar que la extensión está asegurada y que el primer ministro no trata de frustrar el objetivo de la ley, que es evitar una ruptura no negociada.

Además, O'Neill definió como "inusual" la forma en que se envió la carta y destacó que no se sabe cuál será la posición que adopte la UE en su respuesta a la prórroga.

Tras conocerse la decisión judicial, Maugham, uno de los peticionarios, dijo sentirse "encantado".

"Es una pena tener que decirlo, pero no se puede confiar en que este primer ministro cumpla con la ley. Y como no se puede confiar en él, debe ser supervisado", escribió en Twitter.

El caso podría quedar sin efecto si el Parlamento aprueba el tratado de salida, que podría someterse hoy al visto bueno de los diputados si el presidente de la cámara da su autorización.

Para ello, Johnson necesita el respaldo de 320 de los 650 diputados de la Cámara de los Comunes, una tarea que se le antoja complicada ya que, al no contar con el apoyo de los unionistas norirlandeses del DUP, necesita convencer a parlamentarios laboristas e independientes.

Remei Calabuig