EFEWashington

La Organización de Estados Americanos (OEA) redobló hoy la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para que reanude el diálogo nacional, suspendido hace dos meses, y para que vuelva a cooperar con la misión de la ONU sobre derechos humanos, que tuvo que abandonar el país.

La OEA aprobó hoy durante una sesión de su Consejo Permanente una nueva resolución sobre Nicaragua con el respaldo de 19 países, 4 votos en contra, 9 abstenciones y 2 ausencias.

En contra de la iniciativa votaron Venezuela, Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Nicaragua, cuyo representante, Luis Exequiel Alvarado Ramírez, reiteró que su Gobierno "no reconoce" la resolución de la OEA, que consideró parte de las políticas "imperialistas y expansionistas" de Washington.

La medida superó la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada y contó con el respaldo de 19 países, entre ellos Chile, Colombia, México, Argentina, Perú y Estados Unidos.

En concreto, la resolución exhorta al Ejecutivo de Nicaragua a que "genere las condiciones" para reanudar el diálogo nacional mediado por la Iglesia católica, estancado desde julio, y le pide que "apoye" un calendario electoral acordado "conjuntamente" en el marco de esa mediación.

Durante ese proceso, la Iglesia propuso a Ortega que adelantara a 2019 las elecciones presidenciales fijadas para 2021, pero el mandatario se opuso frontalmente a esa idea.

Asimismo, la resolución insta a los miembros y observadores de la OEA a implementar "las medidas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua", lo que abre la puerta a que los países impongan sanciones a esa nación centroamericana.

Por otro lado, la OEA solicitó a Ortega que "restablezca la cooperación" con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que llegó al país en junio.

El Acnudh tuvo que salir de Nicaragua el 1 de septiembre después de haber publicado un duro informe en el que responsabiliza al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

Durante el Consejo Permanente, también se presentó el primer informe del "grupo de trabajo" de la OEA para Nicaragua, cuya creación fue aprobada el 2 de agosto y que está integrado por doce naciones: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

Esos países concluyen que la "violencia generalizada continúa" y que se ha "deteriorado considerablemente" la colaboración del Ejecutivo con organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que jugó un papel central de vigilancia al comienzo de las protestas.

El "grupo de trabajo" deja abierta la puerta a nuevas acciones, como la reunión que mantendrán el 20 de septiembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

En declaraciones a la prensa tras el Consejo, el embajador estadounidense en la OEA, Carlos Trujillo, explicó que su Gobierno quiere asegurarse de que el dinero del BID no se utiliza para "pagar a paramilitares o policías que están abusando del pueblo nicaragüense".

Nicaragua tiene una cartera activa en el BID de 624 millones de dólares que financia diferentes proyectos, como infraestructuras.

El directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes y EE.UU. cuenta con un peso importante, tiene la última palabra para congelar los préstamos a un Gobierno prestatario, algo que no ocurre desde 2009 después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.

La resolución de hoy es la tercera que aprueba la OEA desde el inicio el 18 de abril de protestas que han derivado en la petición de la salida del poder de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado, ha causado entre 322 y 481 muertos, según cifras de grupos humanitarios, mientras que el Ejecutivo ha contabilizado 198 víctimas mortales.

Beatriz Pascual Macías