EFEBagdad

Desde el estallido de las protestas en Irak el 1 de octubre de 2019 hasta el 21 de marzo de este año, 123 personas fueron secuestradas y 25 de ellas siguen desaparecidas a día de hoy, según el último informe de la Misión de Naciones Unidas en Irak (UNAMI).

En el informe, publicado hoy, la UNAMI detalla que los secuestrados habían participado o apoyado las movilizaciones populares, y muchos eran activistas políticos antes de octubre, y también habían publicado en las redes sociales críticas al Gobierno o a algunos grupos políticos.

Todos ellos relataron haber sido raptados en un lugar público, cerca de los puntos de protesta o en su camino habitual hacia estos lugares, desde sus viviendas o sus puestos de trabajo, por hombres armados y enmascarados.

A todos les fueron vendados los ojos y fueron transportados en vehículos a uno o varios lugares como casas, caravanas o campos de detención, donde permanecieron retenidos entre 1 y 14 días, en ocasiones con otras personas.

Según el informe, fueron "interrogados" sobre su rol en las protestas, así como sus vínculos con partidos políticos o países extranjeros, y los hombres fueron torturados con métodos brutales como descargas eléctricas, mientras que las mujeres fueron golpeadas y tocadas en sus partes íntimas.

Los secuestrados no pudieron identificar a sus captores, pero apuntaron a "milicias", mientras que la UNAMI señala la posible "involucración de actores armados con un nivel sustancial de organización y acceso a recursos".

El informe señala que tanto el testimonio de los secuestrados como todos los datos no indican que las fuerzas de seguridad iraquíes estén detrás de los raptos.

Sin embargo, los secuestros y la muerte de al menos 490 activistas no han sido castigados a día de hoy y esto contribuye al "clima de impunidad que rodea los abusos y violaciones contra los manifestantes" en Irak, según la UNAMI.

Por ello, la representante especial de la ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, dio la bienvenida a las promesas del nuevo Gobierno de Mustafa al Kazemi de investigar los incidentes y de compensar a las víctimas y a sus familias, y de ofrecer tratamiento médico a los heridos, que según el informe son cerca de 7.800.

Al Kazemi tomó posesión a principios de mayo, después de cinco meses de disputas para la formación de un nuevo Ejecutivo, tras la dimisión en noviembre del anterior Gobierno por la presión de la calle.