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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó hoy la reanudación del diálogo nacional para el próximo 27 de febrero, con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.

Durante un acto oficial, el mandatario explicó que a ese acuerdo llegó con un grupo de prominentes empresarios nicaragüenses con los que se reunió el sábado pasado, con la presencia como invitados del cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.

El diálogo entre el Gobierno sandinista con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos, ya había comenzado en mayo pasado, pero fue abandonado de forma unilateral por Ortega en julio.

Ortega dijo a través de cadena de radio y televisión que la mesa del diálogo se instalará ahora con menos actores y que está vez no será televisada porque "eso no es correcto en una negociación".

El gobernante explicó que el sábado pasado invitó a una reunión a un grupo de empresarios con los que abordó la necesidad de reanudar el diálogo.

Ambas partes, según dijo, se comprometieron a "abrir una nueva ruta" con el fin de recuperar la paz, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua.

En esa mesa, el Ejecutivo espera negociar "la consolidación de la paz en nuestro país para construir ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del fallido golpe de Estado de abril".

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este jueves su equipo negociador en la reanudación del diálogo nacional, que estará encabezada por los presidentes de las dos principales patronales, José Adán Aguerri y Mario Arana, y el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.

También por el político opositor y exvicecanciller José Pallais, el académico y antiguo embajador en Estados Unidos Carlos Tünnermann, y el líder estudiantil Max Jérez.

Los asesores de la Alianza Cívica serán los estudiantes Alejandra Centeno y Justina Orozco, además de Ángel Rocha, Daysi George, Claudia Neira, Gerardo Baltodano y Álvaro Vargas.

Los empresarios afirmaron en un comunicado que hicieron saber al presidente "la urgencia de abordar los planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional, para resolver la crisis y trabajar en los objetivos democráticos e institucionales".

Los planteamientos de diversos sectores nacionales e internacionales, que Ortega ha desconocido, coinciden en que el Gobierno debe cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas la liberación de los manifestantes presos, el fin de la represión y garantizar las libertades públicas.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica, que a su vez aglutina los intereses de los empresarios, campesinos, estudiantes, académicos, agricultores y otros sectores- respaldó un posible diálogo en términos similares a los del grupo, con la liberación de los manifestantes y la restitución de las libertades públicas como prioridad.

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".