EFEBruselas

Un abogado general de la Unión Europea avaló este jueves el mecanismo para vincular el desembolso del presupuesto comunitario con el cumplimiento de los valores del Estado de derecho.

De esta forma, el jurista desestimó los recursos que Polonia y Hungría -ambos con expedientes abiertos con Bruselas por violar estos principios- habían llevado a los tribunales europeos.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que "este régimen fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, es compatible con el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica".

La opinión del abogado general europeo no tiene por qué coincidir con la sentencia final sobre la disputa, aunque el juez suele coincidir con ella en un 80 % de los casos.

El caso se remonta a los momentos finales de las negociaciones para el presupuesto comunitario plurianual 2021-2027, en diciembre de 2020, cuando Hungría y Polonia se opusieron frontalmente a la voluntad del resto de socios de la Unión Europea de introducir condiciones al desembolso relacionadas con el cumplimiento de los valores europeos.

En concreto, el mecanismo ideado permitía paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los que Budapest y Varsovia son importantes receptores, cuando se detectaran violaciones de los principios del Estado de derecho - como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten directamente al buen uso del dinero.

Aunque ambos países amenazaron con bloquear el fondo de recuperación pospandemia si no se retiraba este instrumento, finalmente consensuaron con el resto de socios su visto bueno al mecanismo y que lo recurrirían inmediatamente ante la justicia europea.

La primera respuesta de Luxemburgo llegó hoy de la mano del abogado español de la corte comunitaria, Manuel Campos Sánchez-Bordona, que decidió recomendar al tribunal desestimar los recursos de Polonia y Hungría al considerar que el instrumento "fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, es compatible con el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica".

"La protección de los destinatarios finales de los programas de gasto financiados con cargo al presupuesto de la Unión es una medida típica y lógica en la gestión compartida de esos fondos", recalca el letrado, que señala que el reglamento polémico no afecta a todas las vulneraciones del Estado de derecho sino solo a las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión.

Además, considera que es suficiente distinto del proceso de sanción si se constata una violación grave de los valores europeos en un Estado miembro, bajo el que Hungría y Polonia tienen un expediente abierto desde hace años pero que no ha avanzado lo suficiente como para llegar a la fase de sanción.

La opinión del abogado es el paso previo a la sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que previsiblemente se emitirá durante el año 2022.

La Comisión Europea, por su parte, ha decidido esperar a esta decisión definitiva de la corte comunitaria antes de empezar a abrir expedientes a los países infractores -aunque lleva meses armando los casos-, algo que ha causado tensiones con la Eurocámara, que exige que se empiece ya a bloquear fondos a los estados que violan los valores comunitarios en cuanto a la buena gestión del presupuesto.