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El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, "la necesidad de continuar con las reuniones" entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central para acordar conjuntamente las medidas en Madrid.

"Urge un alto el fuego político", ha escrito Aguado en su cuenta oficial de Twitter, donde ha señalado que los madrileños "merecen" acordar "conjuntamente" las medidas para proteger su salud, por lo que ha instado a estar " a la altura".

También el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha lanzado un nuevo mensaje pidiendo lealtad.

"El Gobierno de España y su ministro de Sanidad deben demostrar su lealtad regresando a los espacios de colaboración constituidos con la Comunidad de Madrid, y no amenazando con actuaciones de difícil encaje legal. Los ciudadanos piden soluciones, no enfrentamientos", ha escrito en la misma red social.

Este sábado el doctor Emilio Bouza ha presentado su dimisión como portavoz del Grupo Covid-19 de la Comunidad de Madrid, apenas dos días después de ser designado para el puesto tras su elección por consenso entre el Gobierno regional y el central.

Bouza explica que ha adoptado esta decisión tras comprobar las discrepancias que hay entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso para gestionar el control del coronavirus.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha emplazado a la Comunidad de Madrid a "revisar" sus medidas de contención de la propagación del virus de la covid-19, así como a "extenderlas" de acuerdo con las recomendaciones de "los expertos", ya que hay "un serio riesgo" para la salud pública.

La Comunidad de Madrid anunció el viernes la ampliación de las nuevas restricciones a la movilidad a ocho zonas sanitarias más ( en total son 45 que suman una población de 1.025.000 personas) para tratar de frenar la expansión del coronavirus, pero que no ha extendido a toda la capital, como le pide el Ministerio de Sanidad, que también aconsejó implantar estas medidas en aquellos municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.