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La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha negado ante el juez del caso Púnica que el PP de Madrid haya tenido una caja B con una contabilidad paralela o que se haya financiado ilegalmente, y en cualquier caso ha asegurado que como presidenta no tenía responsabilidad económica o contractual alguna.

Durante su declaración como imputada en la Audiencia Nacional, la que fuese máxima dirigente del PP madrileño se ha desmarcado de las sospechas de los investigadores de que tuvo un "papel esencial" en la presunta financiación ilegal del partido en la región, según han indicado fuentes jurídicas.

A su salida, se ha mostrado "convencida" ante los medios de que su "inocencia prevalecerá" porque "nunca" ha "hecho, consentido, conocido" o "dejado de ejercer la diligencia necesaria" para evitar cualquier irregularidad o ilegalidad, si estas se han cometido.

Ante el juez, Aguirre ha dicho que al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez le nombraron desde las filas del PP nacional, con quien también se organizó la campaña de las autonómicas de 2003 -con la que accedió a la presidencia-, y que ella misma consultó con Mariano Rajoy el nombramiento de sus cargos en la Comunidad.

Como también hiciese el propio Rajoy cuando testificó en el juicio de Gürtel, hoy Aguirre ha negado haber tenido ninguna responsabilidad económica, contractual o administrativa en el partido, y cuando el juez le ha preguntado si su cargo era meramente figurativo, ella ha echado mano de los estatutos del PP para dejar claro que no ostentaba tales funciones.

Su tarea estaba en la política, ha recalcado, si bien ha añadido que a su juicio no es posible que Beltrán Gutiérrez manejase una caja B porque el PP nunca se ha financiado ilegalmente, según las fuentes.

Era Gutiérrez, según Aguirre, quien se encargaba de los temas económicos, aunque ha precisado que apenas despachó con él y que le parecía eficaz. Como también Ignacio González y Francisco Granados, dos de sus más estrechos colaboradores, a quienes sitúo en la Vicepresidencia de la Comunidad y en la Secretaría General del Partido por su confianza en el primero y el buen hacer del segundo. Los tres están imputados.

La de Aguirre ha sido una declaración bronca y tensa en muchos momentos, lo que le ha costado algún que otro apercibimiento del juez, según recalcan las fuentes, que destacan el tono altivo de la expresidenta ante algunas preguntas de las fiscales.

Como cuando han querido enseñarle unos correos relacionados con el empresario Alejandro de Pedro (uno de los principales imputados), a quien ha dicho no conocer. Aguirre ha indicado que no quería verlos y cuando la fiscal ha señalado que los incorporaría a su declaración, ha manifestado: "Incorporarlos a la suya, a la mía no".

En otra ocasión y en tono irónico, ha reprochado a "las fiscalas" (término reprobado por el juez, que le ha pedido que las llame "fiscales"), que se hayan "empeñado" en que Fundescam -fundación ligada al PP que supuestamente contribuyó al desvío de fondos-, era el "Watergate", cuando en realidad la misma fundación existía en otros partidos. Lo de "fiscalas", ha dicho después, entraría en un debate feminista.

Sobre una reunión de 2004 en la que supuestamente se indicó que se contratase a Horacio Mercado y ayudar así a desviar dinero al PP, Aguirre ha dicho que fue un encuentro improvisado en el que le pidieron que viese el logotipo diseñado por éste con el lema "La suma de todos" para la Comunidad. Algo que ha extrañado al juez, que ha ironizado si Donald Trump accedería si le dijesen que saliese a ver a alguien que no conoce de nada para enseñarle un logotipo.

También ha negado que Mercado financiase la campaña de 2007, y de otro empresario investigado, Arturo Fernández, ha dicho que donó dinero a Fundescam porque no solo es lícito, sino que desgrava.

Aguirre ha reconocido que estaba "mosca" con Granados y Jesús Trabada, exconsejero delegado de Mintra, en relación a la adjudicación de la construcción de varios tramos de líneas de metro. Cuando el juez ha pedido que aclarase dicho término, la expresidenta se ha desdicho para señalar que ella era muy austera porque no quería hacer muchas estaciones de metro.

"Retiro mosca", ha dicho Aguirre, pero el juez le ha indicado: "No puede retirar la palabra mosca porque está grabado".

También se ha desmarcado de la cláusula del 1 % en publicidad de numerosas adjudicaciones públicas que supuestamente servía para financiar irregularmente al partido, y sobre los regalos que recibía -entre ellos un traje de fallera al que se ha referido como "disfraz"-, ha precisado que los repartía entre sus subordinados y que todo estaba inventariado.