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El ayuntamiento de Alicante ha gastado un total de 40.280,90 euros en el abogado externo a los servicios jurídicos municipales para representarle como parte perjudicada en la causa del caso Brugal, sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde fue absuelta la exalcaldesa del PP Sonia Castedo.

En ese juicio, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) y al empresario Enrique Ortiz por los delitos de cohecho y absolvió a Sonia Castedo y a los seis acusados restantes, entre ellos un hermano de la exalcaldesa, por falta de pruebas o prescripción de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.

El gasto de más de 40.000 euros figura en el expediente municipal al que ha tenido acceso Efe referido a la elección en 2016 del abogado externo José María López Coig por decisión del equipo de gobierno tripartido entonces del PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar (EU, Podemos e independiente), encabezado por el entonces alcalde socialista Gabriel Echávarri.

A raíz de la contratación, López Coig quedó facultado para representar al ayuntamiento como acusación particular en la fase de instrucción del caso, que se llevó el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, y también durante la vista oral, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

En el expediente municipal se documentan tres pagos que totalizan los referidos 40.280,90 euros (IVA incluido) en concepto de "minuta de honorarios" a favor del letrado López Coig.

El primero de ellos se eleva a 15.004 euros y fue abonado por el ayuntamiento en marzo de 2016, el segundo es de 15.246 y corresponde a abril de 2018, y el tercero y último asciende a 10.030,90 euros.

En éste último pago se incluyen varios conceptos, entre ellos las 29 sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante a razón de 200 euros por jornada, y ha sido abonado en julio de 2021.

En el expediente figura un informe firmado por el letrado-jefe del consistorio, Manuel Cordón, en el que avala que López Coig haya sido contratado de forma directa para representar al ayuntamiento a partir de las diligencias previas ante el juzgado de Instrucción número 5.

Cordón señala en su escrito que así lo recoge la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, de 26 de febrero, en relación con los contratos públicos de servicios jurídicos ante los órganos jurisdiccionales.

El pasado julio, Sonia Castedo, que está representada por el abogado Ignacio Gally, solicitó por registro al ayuntamiento una copia íntegra del expediente de contratación de estos servicios jurídicos prestados por López Coig y por la procuradora Rosario Marcos Feliu en la acusación particular ejercida por el ayuntamiento contra su persona, entre el resto de las personas que fueron acusadas en la causa del PGOU.

La exalcaldesa argumentó, entonces, que su propósito era comprobar el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público en la decisión de elegir un letrado externo.