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Aragón entra este jueves en el club de autonomías que exigen el pasaporte covid para acceder al ocio nocturno, entre otros servicios, algo que ya sucede en Cataluña, Baleares y Galicia, que el País Vasco pelea en el Tribunal Supremo y que barajan solicitar otras comunidades como Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

A diferencia de lo que sucedió en el País Vasco, que no obtuvo la autorización judicial para pedir a los ciudadanos ese pasaporte y que está a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo, la Justicia aragonesa rehusó pronunciarse y animó al Gobierno autonómico a adoptar las que considere oportunas contra la pandemia.

Desde este jueves, en Aragón los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones de hostelería y restauración o eventos multitudinarios, tendrán que tener un certificado en vigor.

Este documento se puede obtener si se tiene completada la pauta de vacunación, si se ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses o si se tiene un test PCR realizado en las anteriores 72 horas o de antígenos en 48 horas. Buena parte de los países europeos lo tienen implantado desde el verano.

En concreto en Aragón será necesario el documento para el acceso a las salas de fiesta, de baile y discotecas; a celebraciones como bodas, bautizos, comuniones y sociales, familiares, religiosas o civiles en restaurantes y bares, y a eventos que reúnan a quinientas personas en el interior o a mil en el exterior.

Finalmente, y tras descartarlo en un primer momento, el País Vasco presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo para lograr por esa vía la validación del pasaporte covid para acceder a determinados lugares y establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales, como vía que "trata de frenar el actual repunte de la pandemia".

También pendiente de los tribunales, pero en este caso del TSJ, está Navarra, que quiere pedir el certificado para tratar de frenar una incidencia que supera los 400 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

La intención del Ejecutivo autonómico es exigir el pasaporte covid en restaurantes de más de cincuenta comensales, discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial, en estos últimos a partir de las 00:00 horas.

Este jueves será también un día clave en la Comunidad Valenciana, que decide si pide el aval del TSJ de la comunidad para implantar esta medida antes del puente de la Constitución con la intención de que esté activa más allá de las fiestas navideñas. Por el momento el Ejecutivo autonómico no tiene sobre la mesa adoptar nuevas restricciones pese al repunte de contagios.

Aunque en principio se mostró dispuesto a pedir el certificado, el Gobierno de La Rioja no apuesta por esta medida porque entiende que la actualización del semáforo covid-19 abre un nuevo escenario de medidas a las que se adaptará de forma "ágil".

Y el viernes Andalucía someterá al criterio de sus expertos la propuesta del Gobierno regional de que el pasaporte sea obligatorio, de forma progresiva en función de la evolución de la pandemia, prioritariamente en hospitales y residencias, pero también en ocio nocturno, grandes eventos, actividades culturales y deportivas.

El Gobierno catalán, uno de los pocos que tiene el certificado en marcha, ha vuelto a mover ficha ante el crecimiento de la sexta ola de la pandemia y pedirá al TSJC extender la exigencia del certificado covid para acceder a la restauración, gimnasios y visitas a residencias. Su intención es que la ampliación entre en vigor el viernes.

También Galicia planea solicitar el aval de la justicia para ampliar este requisito en toda la hostelería, una vez que ya se emplea para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno y albergues de peregrinos que operen al cien por cien y después de que la Xunta lo requiera además para visitas a hospitales. Baleares, la otra autonomía que ya lo tiene en marcha, no prevé de momento que se pida en nuevos supuestos.

Castilla y León tomará una decisión antes del puente de diciembre, cuando cuente con el visto bueno del comité de expertos autonómicos de la pandemia para que los servicios jurídicos puedan pedir el aval al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.