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El Consejo Genera del Poder Judicial no ha tomado este jueves ninguna medida concreta contra la reforma legal que ha recortado sus competencias mientras esté en funciones, pero, si lo piden cinco vocales, estudiará la posibilidad de presentar un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional.

Si al menos cinco vocales presentan una propuesta documentada y fundamentada sobre la presunta invasión de competencias por parte el Congreso, se convocará un pleno extraordinario -formado por 20 vocales más el presidente- que analizará y votará la cuestión, han informado a Efe fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en funciones desde hace más de dos años.

Es el acuerdo que se ha adoptado tras un largo debate en el pleno de este jueves, en el que una minoría de vocales ha defendido la presentación de ese conflicto entre órganos constitucionales.

De celebrarse un pleno extraordinario para analizar la cuestión, debería convocarse para antes del 30 de abril, ya que hay un mes de plazo para presentar este tipo de conflictos y la ley que recortó las funciones del CGPJ y que le prohíbe hacer nombramientos estando en funciones entró en vigor el 30 de marzo.

Fueron cinco vocales del sector conservador quienes propusieron abordar esta cuestión hoy en el pleno y quienes plantearán también pedir colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia, iniciativa que ha sido rechazada con 12 votos en contra y 8 a favor.

Los cinco vocales señalaron también la posibilidad de denunciar el recorte de competencias ante la Comisión Europea en el marco del informe sobre el Estado de derecho que esta institución realiza anualmente, para el que traslada al CGPJ un cuestionario.

El pleno no ha tomado ninguna decisión concreta al respecto: una vocal, Nuria Díaz, preparará un borrador con las respuestas a la CE que se llevará a comisión permanente del CGPJ y que después será elevado al pleno.

Desde el CGPJ se elude elucubrar sobre si se aprovechará la ocasión para denunciar el recorte de competencias, una vez que la Comisión Europea ha señalado ya públicamente que, en principio, lo considera acorde con el Estado de derecho.

La reforma que nunca vio con buenos ojos Bruselas fue la que pretendía rebajar las mayorías necesarias para elegir al CGPJ, una iniciativa que el Gobierno ha retirado definitivamente esta semana con un nuevo llamamiento al PP para sentarse a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

En estos momentos hay 33 cargos judiciales vacantes que el CGPJ no puede cubrir hasta que no sea renovado, aunque este organismo ha recibido un escrito de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa de la carrera, que le anima a completar los procesos que había iniciado antes de la entrada en vigor de la reforma, destacando que la ley no es retroactiva.