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El Gobierno ha descartado organizar traslados de inmigrantes irregulares a la Península para descongestionar Canarias, pero no todas las personas que llegan a sus costas se quedan en las islas: nada les impide coger un vuelo si cuentan con documentación y recursos económicos.

Fuentes policiales y de organizaciones vinculadas a la inmigración consultadas por Efe explican el complejo control de estos flujos que han despertado polémica en comunidades como la valenciana o la andaluza y que resultan imposibles de cuantificar.

El Gobierno considera que repartir de forma solidaria a los inmigrantes llegados a Canarias entre las distintas comunidades autónomas, como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006, alentaría a las mafias y podría generar un efecto llamada.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha negado este viernes que se estén autorizando traslados incontrolados a la Península y ha reiterado que el Gobierno sólo ha organizado algunas reubicaciones atendiendo a dos criterios: que sean personas en situación de vulnerabilidad o que puedan ser susceptibles de protección internacional.

De esos traslados, cerca de 2.000 entre enero y noviembre, tendrían conocimiento las autoridades autonómicas y en ellos colaboran las ONG encargadas de la acogida de extranjeros.

No es el caso de quienes han llegado en los últimos días desde Canarias a Granada, Valencia y otras ciudades de la Península. Son personas que, según el Gobierno, se pagan un billete en un vuelo comercial de su bolsillo para salir de las islas, donde ninguna ley les retiene.

Cuando un inmigrante arriba a las costas españolas y no tiene opciones de obtener protección internacional, como asilo o refugio, se le abre un expediente de expulsión, pero la deportación no siempre es factible porque su país de origen no la acepta. Con la pandemia, las devoluciones se han visto restringidas al máximo, incluso con países con los que existen acuerdos de repatriación.

Pasadas 72 horas, periodo que se dedica al reconocimiento médico, la prueba PCR y la filiación, estas personas tienen libertad de movimientos si no hay perspectivas de que se pueda ejecutar su devolución en sesenta días, periodo máximo que pueden permanecer en un Centro ce Internamiento de Extrajeros (CIE).

Y, como ha señalado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en España "no hay fronteras internas".

Su libertad de movimientos solo está restringida, como la del resto de ciudadanos, por las limitaciones establecidas por el estado de alarma ante la pandemia, ha añadido el ministro del Interior.

COMPRAR EL BILLETE Y VOLAR

Muchos de los inmigrantes que llegan irregularmente a Canarias tienen su pasaporte en regla -evidentemente, sin un visado de entrada- y cuentan con un móvil, instrumento básico para comprar un billete o recibir una transferencia para poder abonarlo, apuntan fuentes policiales.

Con el pasaporte en la mano, la compañía área solo va a comprobar su identidad en la puerta de embarque, con lo que quien tiene recursos económicos para comprar el billete no encuentra mayores barreras para trasladarse a la Península.

En no pocos casos, de ahí viajarán a otros países europeos, destacan las fuentes consultadas, que recuerdan que en muchas ocasiones el destino final de estas personas no es España, sino Francia o Italia, donde cuentan con familiares o amigos ya asentados.

DOCUMENTACIÓN FALSA

Pero el inmigrante no siempre llega a Canarias con un pasaporte en regla, alertan las fuentes.

Se han detectado casos de personas que usan documentación falsificada o, sencillamente, el pasaporte de un amigo o un hermano, suplantación de identidad que puede ser un delito que acabe con su detención, pero muy difícil de detectar para la compañía aérea.

Según una instrucción a la que ha tenido acceso Efe, en el aeropuerto de Manises (Valencia) se han reforzado los controles fronterizos para vigilar la legalidad de la documentación que presentan los inmigrantes que llegan desde las islas, con indicaciones concretas de comprobar si la persona aparece en el registro de extranjería como "paterista" y se está tramitando su expulsión.

El Sindicato Unificado de Policía ha informado por el momento de dos personas que se identificaron a su llegada al aeropuerto valenciano con el pasaporte de otra persona.

SALTARSE EL CIERRE PERIMETRAL

Calvo, Marlaska y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, han tachado este viernes de xenófobas las declaraciones de distintos portavoces políticos que han alertado del riesgo sanitario que pueden suponer estos inmigrantes, ya que todos lo que llegan a las costas españolas son sometidos a un PCR.

Otra cosa es el incumplimiento de las normas establecidas al amparo del estado de alarma, como los cierres perimetrales fijados en muchas comunidades autónomas.

La Policía Nacional de la Comunitat Valenciana ha realizado 107 propuestas de sanción a inmigrantes en los últimos días por infringir el cierre perimetral de la región.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha instado este viernes al Gobierno central a garantizar que se respeta ese cierre perimetral, que prohíbe que entre en la comunidad sin causa justificada cualquier persona, sea migrante o no.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, ha explicado que el pasado 18 de noviembre el Gobierno les pidió colaboración en la acogida de inmigrantes llegados a Canarias y que el Gobierno autonómico accedió, bajo determinadas condiciones y de forma organizada, pero ha dejado claro que esos traslados organizados todavía no se están realizando.