EFEMadrid

El Congreso debate hoy si continúa la tramitación de la primera Ley integral sobre Salud Mental que llega al Pleno de manos de Unidas Podemos y que se adelanta así a la actualización de la Estrategia Nacional que prepara el Ejecutivo.

Fuentes de la formación morada han confiado a EFE que la toma en consideración saldrá adelante por mayoría y han incidido en que una ley tiene más fuerza que una Estrategia Nacional, por ello proponen dar un paso más y fijar medidas que vayan desde dar mayor autonomía al enfermo en sus decisiones a incrementar el número de especialistas en la Sanidad pública en un plazo de cuatro años.

El partido de coalición de Gobierno planteará en el Pleno de la Cámara Baja una proposición de Ley, que de momento está analizando el grupo parlamentario socialista pero que previsiblemente apoyará; toda vez que también ha recibido aportaciones de otros grupos parlamentarios como Ciudadanos.

EH Bildu ha anunciado a EFE que votarán a favor y ERC -que aún no se ha posicionado- no la ve con malos ojos. Diferente es la postura del PNV que avisa que "ve problemas" y el sí parece descartado.

Unidas Podemos pide, además de unos ratios mínimos de profesionales (18 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes), la creación de un Centro Estatal de Salud Mental y garantizar la libertad, intimidad y autonomía personal de los enfermos.

"Todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su salud mental sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes", puntualiza el texto de la proposición.

La ley llega al hemiciclo después de que el líder de Más País, Íñigo Errejón, haya hecho bandera de este tema y haya instado en numerosas ocasiones a aumentar los recursos y la universalización al acceso de la salud mental. También Ciudadanos ha registrado varias iniciativas pidiendo medidas para frenar el suicidio y para mejorar el tratamiento y la prevención de estas enfermedades.

De hecho, esta semana el Pleno debatirá una moción consecuencia de interpelación de la formación naranja sobre la salud mental en España como resultado de la pandemia de la COVID-19, en la que piden al Gobierno que la Estrategia Nacional sea consensuada con los partidos y aprobada antes de este año.

También instan a desarrollar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incorpore la creación de un teléfono de atención a personas con pensamientos y/o conductas suicidas de tres cifras similar al 016 de atención a víctimas de la violencia de género.

Una propuesta que también contempla la ley de Unidas Podemos.

Reforzar la formación de orientadores escolares y docentes o crear la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia son otras de las medidas de Ciudadanos, mientras que el PSOE también va en el mismo sentido en otra proposición no de Ley registrada el pasado marzo.

Los socialistas reclaman al Gobierno recursos suficientes para atender a la población, especialmente joven, con problemas de salud mental.

El objeto de la proposición de Ley de la formación morada es, asimismo, garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión en la sociedad sin estigmatizaciones ni discriminaciones.

En su ley definen el suicidio como un "acto deliberado, voluntario y consciente realizado con la intención de quitarse la vida que acaba en muerte" y piden el derecho a las decisiones compartidas para que el enfermo pueda participar con el equipo de profesionales en la decisión sobre qué tipo de tratamiento y actuación debe seguirse.

Unidas Podemos solicita un protocolo de prevención del suicidio, un Registro y tratamiento de datos asociados a los suicidios, así como garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por problemas de salud mental.

Que el Estado se comprometa a financiar e implementar campañas de lucha contra el estigma y adoptar medidas de atención a las personas afectadas por la crisis de la COVID-19, son otros capítulos de la propuesta.

Asimismo incluye un artículo para comprometer a las empresas en el marco de la Prevención de Riesgos Laborales con el fin de que los empresarios "adopten medidas de protección de la salud mental" con sus trabajadores, como "el derecho efectivo a la desconexión digital, la promoción de un ambiente saludable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras, prestando especial vigilancia en los casos de acoso".

Unidas Podemos avisa de que la ley entraría en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE excepto las medidas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto del ejercicio en curso, que entrarán en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente.