EFEBarcelona

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, ha anunciado este jueves que no piensa dejar por ahora su cargo, sino que prevé "defenderse" de la condena a un año de inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros a Solé por un delito de desobediencia grave al facilitar el referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida) cuando era alcalde de este municipio.

"No renunciaremos a ninguna de las vías para defendernos ante una sentencia injusta y seguiremos al frente de nuestras responsabilidades, porque el país tiene necesidades urgentes", ha asegurado en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, acompañado del resto de miembros del Govern.

Fuentes de la Generalitat consultadas por Efe han apuntado que en los próximos días estudiarán el detalle de la sentencia y "muy probablemente" presentarán recurso.

Según Solé, esta sentencia también va dirigida a "centenares de alcaldes y alcaldesas que estuvieron al lado de la ciudadanía durante el 1-O y a los más de dos millones de personas que votaron".

"Condenándome a mí se condena también a todo el mundo local comprometido con el país y con la democracia", ha señalado Solé, que ha lamentado que, con su inhabilitación, "la judicialización no se para".

Por ello, ha vuelto a reclamar una ley de amnistía y el derecho a la autodeterminación: "No conseguirán resolver nunca este conflicto a través de los juzgados. La única vía posible es la de la democracia".

Tras la intervención de Solé ha tomado la palabra la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, que ha denunciado que Quim Torra, inhabilitado como president por desobediencia al no retirar a tiempo una pancarta del Palau de la Generalitat en defensa de los presos independentistas, ya "sufrió exactamente la misma represión por defender los derechos fundamentales".

"Pero esta represión no nos parará, al contrario, confirma y reafirma nuestras convicciones", ha advertido Budó, que ha recalcado que a los presidentes y los consellers "los ponen los ciudadanos, no los jueces".

Budó ha hecho un llamamiento a "no desfallecer" ante esta nueva inhabilitación, "no normalizar" esta situación, "no aceptar estas sentencias injustas" y seguir "por todos los caminos políticos y jurídicos para combatirlas".

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha denunciado que la condena a Solé "no obedece a ninguna lógica de justicia" sino que "sólo se entiende desde el prisma de quienes buscan venganza" por el referéndum unilateral del 1-O.

Aragonès ha protestado por la "permanente judicialización de la vida política catalana" y ha definido a Solé como una "nueva víctima de la causa general contra el independentismo", tras convertirse en el "primer alcalde condenado por situarse al lado de los vecinos" en la jornada del 1 de octubre de 2017.

También ha apoyado a Solé la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que en un comunicado ha denunciado "la persecución que están sufriendo los electos locales por la expresión" de sus "ideas políticas", así como "la instrumentalización de la justicia para unos fines políticos".