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Tanto el presidente de Murcia, Fernando López Miras, como los cuatro diputados de Ciudadanos que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura contra su gobierno y que fue promovida por el PSOE y Cs, han sido considerados tránsfugas, según el dictamen del Pacto Antitransfuguismo.

La actuación del presidente murciano en esta operación es considerada "transfuguismo", señala el dictámen elaborado por una comisión de expertos designada por el Pacto Antitransfuguismo, que atribuye a López Miras un papel de "inductor y beneficiario".

La misma etiqueta coloca a su vicepresidenta, Isabel Franco, y a los otros tres diputados naranjas: Francisco Álvarez, María del Valle Miguélez y Alberto Castillo, que hicieron fracasar la moción votando en contra el pasado 18 de marzo y a los que acusa de "traición" por negociar con el PP a espaldas de su formación.

El grupo de expertos recoge también en su informe que rechazó las alegaciones del PP, que no lo considera un caso de transfuguismo al estimar que los cuatro diputados de Cs se mantuvieron "fieles" al acuerdo de gobierno alcanzado en julio de 2019 entre populares y naranjas.

De acuerdo con el escrito al que ha tenido acceso Efe este miércoles, los cuatro diputados de Cs estuvieron de acuerdo en firmar la moción de censura contra López Miras, promovida por su socio de gobierno y los socialistas, pero después se retractaron de su posición y del criterio de su partido, lo que supone "la primera causa de transfuguismo".

Y lo hacen, concluye el dictamen, porque "han negociado con el presidente del Gobierno regional acceder o mantenerse en cargos de gobierno", lo que es "una segunda causa" para ser considerado tránsfuga, señala.

Además, continúa, después se hacen con el control del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea autonómica "apareciendo como legítimos titulares y desposeyendo de atribuciones a los diputados que mantienen el vínculo afiliativo", refiriéndose al que era el portavoz, Juan José Molina, y a Ana Martínez Vidal, quien iba a ser la presidenta murciana, según pactaron Cs y PSOE.

Si bien el dictamen no considera tránsfugas al resto de los consejeros autonómicos, aunque se beneficiaran de la moción al mantener sus cargos, sí determina que su comportamiento merece "ser objeto de reproche".

El PP pidió la recusación del ponente del dictamen, Rafael Ibáñez Reche, al tener dudas sobre su carácter imparcial e independiente, y reclamó la suspensión de esta comisión de expertos, petición que no fue estimada.