EFEOviedo

El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha procesado al exconsejero socialista de Educación de Asturias José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, que ya fueron condenados por el conocido como caso Marea, por adjudicar contratos de mobiliario escolar por valor de 3,7 millones que nunca llegó a los colegios.

En el mismo auto, la jueza procesa a los empresarios Víctor Manuel Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez, responsables respectivamente de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que se les adjudicaron los distintos contratos para el suministro de material a 87 centros educativos entre los años 2009 y 2010.

Los cuatro procesados, junto a la exfuncionaria Marta Renedo, ya fueron condenados por la Audiencia de Asturias en 2017 por su responsabilidad en el caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias relacionada con la adjudicación irregular de contratos a empresas.

La nueva causa judicial parte de un informe elaborado por el Principado después de que la Fiscalía advirtiera de que Riopedre, Otero y los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.

NUMEROSAS DÁDIVAS PARA OTERO

Tras las nuevas diligencias de investigación practicadas, el auto de procesamiento relata el plan urdido por la entonces directora general de Planificación, con la "aquiescencia" del consejero, para adjudicar a ambas empresas "cantidades ingentes de contratos de material homologado y mobiliario" a centros educativos públicos por el procedimiento negociado sin publicidad.

La magistrada ve "sólidos indicios" de que Otero y los dos empresarios, "con la cooperación" de Riopedre, "desviaron y se apropiaron del dinero público mediante el cobro de suministros que en todo o en parte no habían sido servidos con el propósito de atender sus particulares fines lucrativos, con el consiguiente perjuicio para la administración pública".

El cobro de esta facturación emitida pero no servida, añade el auto, redundaba en beneficio de Otero, que "recibió numerosas dádivas y liberalidades de los empresarios investigados".

FIANZAS MILLONARIAS

La magistrada procesa a los cuatro por los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil y de malversación de caudales públicos.

Además, a Riopedre y a Otero se les atribuye indiciariamente un delito de prevaricación, y a esta última y a los dos empresarios otro de cohecho.

Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse, el auto impone fianzas de 5 millones de euros al exconsejero y a su número dos; de 4,3 millones a Alfonso Carlos Sánchez, y de 700.000 euros a Víctor Manuel Muñiz y decreta el embargo de bienes si no se prestaran.

Tras una rebaja de penas por parte del Tribunal Supremo, Riopedre fue condenado por el caso Marea a cinco años y dos meses de prisión; Otero, a cinco años y cinco meses; Víctor Manuel Muñiz, a cinco años y dos meses, y Alfonso Carlos Sánchez, a dos años y ocho meses.