EFEElche (Alicante)

El expresidente del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll ha negado este martes que distintos empresarios se pusieran en contacto con él para influirle y pactar el contrato de la planta de residuos del plan zonal de la Vega Baja, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la comarca.

"Nadie hizo nada de eso, pero tampoco lo habría permitido", ha sostenido Ripoll para defender su inocencia en la primera jornada tras las cuestiones previas del juicio del caso Brugal, en el que está acusado de amañar la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja entre 2008 y 2009 y en el que también han declarado como acusados los empresarios Ángel Fenoll y Antonio Ángel Fenoll y Rafael Gregori.

El expresidente de la Diputación, que se ha acogido a su derecho de responder solamente a su abogado, ha negado la existencia de otros informes alternativos a la comisión técnica y ha asegurado que siguió el proceso legal establecido y que no compartió "opiniones", ni se relacionó con miembros de la comisión.

La causa del plan zonal de la Vega Baja es una de las veinte piezas separadas del 'caso Brugal', iniciado por supuestas anomalías en la concesión de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela (Alicante).

Ripoll ha recordado que este plan zonal de la Vega Baja estaba conformado por una comisión en la que la Diputación "solo tenia el 15 % de los votos", al tiempo que ha defendido que a la hora de la adjudicación, el órgano de contratación era la junta de gobierno.

Previamente a Ripoll han declarado los tres empresarios supuestamente beneficiados, que se han declarado inocentes.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que, entre 2008 y 2009, el expresidente de la Diputación y del PP provincial José Joaquín Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del plan zonal por el que otro empresario, Enrique Ortiz, lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle.

En ese acuerdo, según la acusación pública, medió la supuesta entrega de prebendas, como dos viviendas situadas en el centro de Alicante a favor de Ripoll.

La Fiscalía solicita inicialmente penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para Ripoll al considerarle responsable de los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en una causa en la que también figura como acusada la exalcaldesa popular de Orihuela Mónica Lorente.