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Superado el examen de aprobar en el Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos afronta ahora el reto de gestionar la "nueva normalidad" para la que también deberá contar con apoyos parlamentarios.

Tras los acuerdos alcanzados con Ciudadanos para sacar adelante las dos últimas prórrogas, no sin tensiones con sus habituales socios de ERC y también del PNV, el Ejecutivo asume que la llamada "geometría variable" ha venido para quedarse, aunque sin desdeñar ni echar por tierra la colaboración con sus socios de investidura.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha dado curso a esa sexta prórroga del estado de alarma, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha reconocido que el Gobierno se ve en la necesidad de coser pactos a varias bandas durante esta legislatura aunque mantendrá una "interlocución prioritaria" con los partidos que dieron el Gobierno a Pedro Sánchez.

Para Montero, en la actual situación de minorías parlamentarias no tiene sentido que haya "vetos cruzados" entre los diferentes partidos porque, a su juicio, lo fundamental es que la política que se haga sea "eficaz, operativa, oportuna y de respuesta a lo que la gente de la calle está demandando".

Y es que ayer mismo, el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, coincidieron en tachar de "incompatibles" los programas del Gobierno y de Cs de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno ha calificado ya como las cuentas de la "reconstrucción".

Sin embargo, Montero ha insistido en la vía de la geometría variable, subrayando que no solo existen diferentes "sensibilidades" entre izquierda y derecha sino también diferentes materias que obligan al diálogo y a que cada iniciativa tenga que ser "muy trabajada" para que pueda contar con los apoyos necesarios a un lado y otro del hemiciclo.

En este sentido, considera una "buena noticia" la disposición de Cs a participar en el debate de presupuestos por lo que ha hecho un llamamiento "para aparcar las diferencias ideológicas y los vetos cruzados" y actuar "con sentido común y responsabilidad".

Pese a las demandas de sus socios de ERC, la portavoz del Gobierno también ha dejado claro que la mesa de diálogo sobre Cataluña no se retomará hasta que la seguridad sanitaria de todos los españoles esté garantizada.

Una vez que concluya esta situación, el Ejecutivo podrá retomar su agenda "en todos los temas, incluida la parte del diálogo sobre Cataluña", ha afirmado.

En esta dinámica de entendimiento a varias bandas, ha terciado también el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, que ha defendido la nueva etapa de diálogo y acuerdo que ha emprendido su partido.

En una comparecencia en la Comisión de Reconstrucción del Congreso como vicepresidente económico del grupo Renew Europe del Parlamento Europeo, Garicano ha apostado por aparcar las diferencias políticas durante unos meses para poder pactar y poner en marcha las reformas que se necesitan tras la pandemia.

Más allá de esa nueva política de alianzas parlamentarias con partidos como Cs, el Ejecutivo ha vuelto a arremeter contra la oposición por alimentar "teorías conspiranoides" con las que cree que está obsesionada y ha manifestado su "absoluta confianza" en el "compromiso democrático" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Montero ha considerado que es la oposición la que está permanentemente intentando "agitar" y hace de la crispación y la bronca su "nota de identidad".

Y, en este contexto, ha defendido el criticado nombramiento del arquitecto José Ignacio Carnicero, amigo personal de Pedro Sánchez, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura.

Para Montero, reúne las "condiciones óptimas" para su cargo y ha achacado las críticas por su nombramiento al "ruido político" de los partidos de derecha.

"Una persona que tiene las condiciones óptimas, que está capacitada, que tiene un currículum brillante para desarrollar esta tarea... No se entiende que se quieran mezclar otros temas que nada tienen que ver, respecto a la relaciones personales que pueda tener", ha subrayado.

Explicaciones que no han convencido al PP, que ha presentado este viernes una batería de preguntas parlamentarias por el nombramiento de Carnicero para una dirección general sin ser funcionario, algo que según los populares, es obligado según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.