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El Gobierno ha movido ficha a través de los grupos parlamentarios de los socios que conforman el Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y ha presentado una reforma legislativa para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fin de meter al PP presión para su renovación.

La decisión fue adoptada ayer mismo por el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la negativa del PP a consensuar una nueva composición del órgano de gobierno de jueces y magistrados.

Aunque su mandato venció hace más de dos años, ello no le ha impedido seguir adoptando decisiones, por ejemplo sobre nombramientos.

Sigue congelada la otra reforma también promovida por los dos socios del Gobierno para modificar el sistema de elección de una parte de sus vocales, de modo que ya no hiciera falta el apoyo parlamentario del PP.

También fue una iniciativa del mismo Sánchez, en un gesto con el que pretendía tender una mano a este partido para facilitar el acuerdo.

Sin embargo, aquel movimiento no ha dado frutos y por eso ha optado por presionar aún más a los populares, ahora cercenando la capacidad de maniobra que mantiene el CGPJ pese a estar "en funciones".

Se trata de una proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos han registrado por sorpresa este miércoles en el Congreso, cuya presentación no implica la retirada de la reforma del sistema de elección y que busca limitar cuanto antes las facultades del Consejo, con la idea de debatirla antes de que acabe el año.

El PP, como principal destinatario de esta nueva apuesta, ha asegurado, no obstante, que "no va a entrar" en este juego de presión.

La proposición restringe la limitación de funciones a los casos en que el mandato del CGPJ esté caducado, lo que permitiría aplicarlo al órgano actual sin tener que esperar a la otra modificación legislativa cuyo propósito sería rebajar a mayoría absoluta el apoyo parlamentario necesario para renovar una parte de sus vocales desde los dos tercios ahora requeridos.

La iniciativa plantea recortar sus principales funciones, como la de participar en la selección de nuevos jueces y magistrados, resolver los ascensos, la provisión de destinos, ejercer la alta inspección de los tribunales o elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley.

Unos cambios que no han gustado a los actuales vocales del CGPJ, quienes los consideran un "insulto" a su independencia, dudan de su constitucionalidad y apuntan a un "evidente manejo" desde la política hacia un poder del Estado.

Así, vocales consultados por EFE dudan de que la propuesta sea acorde con la Constitución, que atribuye directamente al Consejo las materias que se quieren limitar, como los nombramientos.

Eso sí, también hay una posición minoritaria entre los miembros de este órgano que consideran "razonable y oportuna" la reforma, porque cubriría la "laguna legal" de un Consejo sin renovar.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente lamentan que solo se busque "vaciar de contenido las funciones del Consejo" ante la "incapacidad" de los partidos para renovarlo.

Solo Jueces y Juezas para la Democracia entiende que el Gobierno "busque fórmulas alternativas legales" para el desbloqueo.

Entre tanto, el Gobierno se muestra convencido de que este nuevo paso apremiará al PP a buscar el consenso y avisa de que si el tiempo sigue pasando se reactivará la otra reforma sobre la elección de los vocales.

Fuentes de Unidas Podemos afirman que esta nueva propuesta puede ser un "aliciente" para que el PP pacte, pero, independientemente de que se alcance o no un acuerdo, ellos quieren cambiar el sistema de elección del CGPJ.

E incluso apuestan por introducir una nueva cláusula que obligue a que la mayoría absoluta no fuese suficiente si no están incluidos al menos la mitad de los grupos representados en el Parlamento.

Desde otras formaciones políticas, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha desacreditado la propuesta al calificarla de otra "contrarreforma ideológica".

Desde el PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de "querer mandar en todos los poderes del Estado” e intentar atacar la independencia del Poder Judicial “aunque vaya en contra de la UE, la Constitución y la mayoría cualificada de las Cortes”.

“En la Moncloa solo ocupa ver qué señuelo saco hoy para ver si pica la oposición: no, nosotros, a lo que importa de verdad; nosotros, a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo”, ha zanjado.