EFEBarcelona

El Govern ha recurrido el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para implantar un 25 % de castellano en las escuelas, alegando que prepara una normativa nueva y que cambiar los proyectos lingüísticos a final de curso acarrearía "graves perjuicios" y un gran "impacto económico".

Así consta en el recurso que el Gobierno catalán presentó ante el TSJC para que suspenda el plazo de 15 días que le dio para cumplir la sentencia, que expira el martes próximo, y reconozca que el Departamento de Educación está "llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales" en la enseñanza.

El TSJC deberá resolver en los próximos días si suspende el plazo establecido, mientras se está a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias emita el dictamen solicitado por Vox, JxCat y En Comú Podem sobre la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales que PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem pretendían aprobar en lectura única en el Parlament.

La petición del dictamen amenaza con desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem de aprobar la nueva ley -que prevé reafirmar el catalán como "lengua vehicular" en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de "uso curricular"- antes del plazo máximo fijado por el TSJC.

El Consejo de Garantías Estatutarias dispone ahora de siete días hábiles para dictaminar si la nueva ley se ajusta al Estatuto y la Constitución, por lo que solo si emite su informe con inusual rapidez será posible celebrar el pleno de aprobación de la ley el lunes o el martes de la semana que viene, para presentarla ante el TSJC junto a un decreto ley que prevé aprobar en paralelo el Govern de Pere Aragonès.

El escrito de la Generalitat, al que ha tenido acceso Efe, recuerda al TSJC que "lo que no se puede pretender es que las iniciativas normativas iniciadas se aprueben sin cumplir los trámites que son preceptivos" y que no es descartable que "en cualquier momento" el Govern utilice "otro instrumento normativo, aún más rápido en su tramitación, como es el decreto ley, para regular los usos lingüísticos en la escuela".

El Gabinete Jurídico rechaza la "inactividad normativa" que la sentencia achaca a la Generalitat y recalca que "el redactado que se quiere dar" a los artículos que modifican la ley de usos lingüísticos en la educación son "suficientemente explícitos para constatar cuál es el resultado perseguido" con la nueva regulación.

Según el Govern, el TSJC ha alterado los términos de su propia sentencia cuando ordena aprobar unas "instrucciones internas de servicio" en quince días para garantizar el 25 % de castellano, pese a que la Abogacía del Estado -que impulsó la demanda con el Gobierno del PP- reconoce que la Generalitat tiene "libertad para escoger las mejores medidas a adoptar" para aplicar el fallo.

El Govern insiste en que le corresponde "decidir discrecionalmente cuál es el mejor o mejores instrumentos normativos" para aplicar la sentencia y subraya que ya ha iniciado los trámites de aprobación de "una disposición legal y una disposición reglamentaria para afrontar la problemática, además de encargar un estudio sobre la realidad sociolingüística en los colegios.

Para la Generalitat, los derechos lingüísticos de los alumnos, vinculados a su derecho a la educación, y las obligaciones de los profesores "no se puede modificar con unas instrucciones de servicio internas" como exige el TSJC, por lo que se está llevando a cabo una modificación de la ley y un despliegue reglamentario con el fin de "regular y aclarar el marco normativo" sobre la lengua en las aulas.

El recurso apela también a los "graves perjuicios que puede causar a toda la comunidad educativa" la inmediata ejecución de la sentencia "a estas alturas del curso escolar", lo que obligaría a modificar proyectos lingüísticos, alterar la programación de clases y horarios y cambiar tanto las dinámicas como el material didáctico de la asignaturas.

Ello sería "una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas", añade el escrito, que aduce que el ultimátum del TSJC obligaría a cambiar, "como mínimo, una programación para cada uno de los más de 250.000 grupos" de este curso escolar y "todos los planes individualizados" vigentes en los centros.

Elaborar de nuevo la programación de cada materia "cuando el curso ya ha entrado en su fase final y todos los esfuerzos de los alumnos y profesores se centran en la realización de las últimas clases y exámenes de la tercera evaluación" supondría, para la Generalitat, "un trastorno para los centros".

El recurso blande también el "impacto económico" que acarrearía tener que cambiar los materiales escolares, tanto didácticos como curriculares, un coste que un informe aportado al TSJC cifra en 20 o 22 euros por alumno, lo que suma 20,5 millones de euros.

Cambiar ahora los materiales didácticos supondría, según el recurso, "un trabajo ingente inalcanzable en estos momentos del curso desde el punto de vista de la carga de trabajo de los docentes afectados, que están en plena fase de evaluación final", así como un "impacto económico" para las familias por la compra de libros de texto.