EFEBarcelona

La Junta de Gobierno del Institut Català de Finances, que es el máximo órgano colegiado de gobierno de la entidad financiera pública de la Generalitat, ha aprobado esta tarde activar el aval a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat.

Fuentes del departamento de Economía han precisado que la Junta de Gobierno -el equivalente a un consejo de administración en un banco- ha aprobado activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del fondo complementario de riesgos para que el ICF presente el aval por los encausados por el Tribunal de Cuentas, con el contraval del fondo.

Estas fuentes han añadido que se está trabajando para tramitar toda la documentación necesaria para hacerla llegar al Tribunal de Cuentas, que reclama fianzas por valor de 5,4 millones a esta treintena de ex altos cargos del Govern por haber promocionado con dinero público el procés en el extranjero.

Se desconoce todavía por qué importe se activará el aval y quién lo firma, si bien fuentes de ERC aseguran que Albert Castellanos se ha posicionado a favor de la implicación del ICF en la reunión de esta tarde.

Castellanos, ex secretario general del departamento de Economía de la Generalitat y actual secretario de Empresa y Competitividad, es también actualmente el presidente de la Junta de Gobierno del ICF, cuyo consejero delegado es Víctor Guardiola.

El Govern ha rectificado este miércoles, tras un episodio de tensiones entre los dos socios independentistas, su anuncio del día anterior y ha decidido activar al ICF para avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat.

Veinticuatro horas después de descartar en rueda de prensa la posibilidad de involucrar al ICF en la operación, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha anunciado desde el Parlament este cambio de criterio, el mismo día en que vence el plazo para abonar las fianzas del Tribunal de Cuentas.

El 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación de un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los 34 ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama estas fianzas, pero ayer Giró reconoció que no han encontrado ningún banco que avale las fianzas y descartó recurrir al ICF como plan B, para no poner en riesgo a sus profesionales.