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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha accedido a tomar declaración al exjefe de la Inteligencia chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que ha pedido comparecer voluntariamente en el marco de unas diligencias previas abiertas sobre terrorismo internacional.

El magistrado le ha citado el próximo lunes a las diez de la mañana después de que Carvajal pidiera prestar declaración en la causa que abrió el propio Juzgado cuando Carvajal fue detenido por primera vez y señaló que podía aportar datos sobre las relaciones de ETA y las FARC colombianas, han informado fuentes jurídicas.

Carvajal ha hecho esta petición al juez después de que esta semana fuera paralizada su entrega en extradición a Estados Unidos debido a que aún no se había resuelto sobre la petición de asilo que formuló al ser detenido la primera vez que fue localizado en España.

El Ministerio del Interior notificó este miércoles a la Audiencia Nacional y a la prisión de Estremera (Madrid), en la que ingresó hace seis días Carvajal, que el asilo le fue denegado en 2019.

Fuentes de Interior han indicado a Efe que el exgeneral chavista solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso.

Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España.

Una semana antes, Carvajal había salido de la cárcel puesto en libertad después de que la Audiencia Nacional rechazara entregarlo a Estados Unidos, una decisión revocada dos meses después por una instancia superior de ese tribunal, pero para entonces había desparecido y permaneció oculto hasta ser detenido este mismo mes.

La notificación a la cárcel es un trámite que se sigue habitualmente cuando una petición de asilo es cursada por un recluso, por lo que las notificaciones de la administración al interesado se dirigen al centro penitenciario.

Hasta esas mismas dependencias, la cárcel de Estremera, ha remitido de nuevo Interior la notificación de que le fue denegada la protección internacional, por lo que ahora el recluso tendría el plazo de un mes para solicitar a Interior que revise su expediente.

Días después de su primera detención, Carvajal pidió declarar voluntariamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular García Castellón, que fue el que tramitó la reclamación formulada contra él por EEUU.

En un escrito remitido al Juzgado, manifestó su preocupación por las relaciones del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbolá y expuso su intención de prestar declaración al respecto.

Sin embargo, y tras ser trasladado desde la prisión madrileña de Soto del Real -en la que ingresó en un primer momento- a la de Estremera, debido a su condición de militar, Carvajal coincidió con el excomisario José Villarejo y decidió contratar los servicios del letrado de éste.

El cambio de abogado fue la justificación que entonces esgrimió Carvajal para pedir que se suspendiera esa comparecencia, ya que su nuevo letrado necesitaba instruirse sobre los motivos por los que EEUU reclamaba su extradición antes de decidir sobre la conveniencia de prestar una nueva declaración.

No obstante, fuentes jurídicas señalaron entonces a Efe que la declaración no se produjo porque el propio exgeneral chavista reculó en su intención inicial de ofrecer información relevante sobre Venezuela.

Cuando compareció por primera vez ante el juez, afirmó que la reclamación de EEUU contra él por narcotráfico y blanqueo de capitales se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época de Hugo Chávez.

Carvajal apoyó en febrero al líder opositor Juan Guaidó e hizo un llamamiento a sus compañeros militares para rebelarse contra el gobierno de Maduro.

Está reclamado por EEUU por participar supuestamente en el envío de 5.600 kilos de cocaína, un cargamento que no llegó a entrar en ese país al quedarse en México por un problema técnico de un avión.

También lo vinculan con las FARC, pero él negó ambas acusaciones y solo admitió haber participado en una negociación para liberar a un empresario venezolano, operación que se saldó con éxito.