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El exconseller de Territorio Josep Rull ha defendido ante el Tribunal Supremo que el Govern apostó por el referéndum con la "convicción" de que no era delito, como recordó el Congreso ayer al rechazar volver a penalizarlo, y ante la "falta de autoridad moral" de un TC instrumentalizado por el Gobierno.

Casi cuatro horas ha durado el interrogatorio de Rull, que se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión, en el juicio del "procés", en el que se ha afanado en justificar que el Govern de Carles Puigdemont se dedicó a cumplir con un "mandato" democrático pero sin ningún plan para desarrollar la declaración de independencia que el Parlament aprobó el 27-O.

La intención, ha dicho, siempre fue evitar que la independencia de Cataluña "se desplazara del terreno de juego" de lo estrictamente "político y democrático", que en su opinión era "permanentemente ignorado" por el Tribunal Constitucional.

Tuvieron que apostar por ello por un "equilibrio" entre el imperio de la ley y el principio democrático, ante el "déficit importante de autoridad moral" del TC, sistemáticamente "instrumentalizado" por el Gobierno, con el fin de laminar la autonomía de Cataluña.

Aun así, ha defendido que el Govern siempre se movió "desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito" y ha recordado que justo ayer el Congreso rechazó castigar con cárcel la organización de referendos ilegales, a iniciativa del Partido Popular. Toda una "casualidad", según ha comentado el exconseller.

Y en la línea de lo que han declarado otros acusados, aunque de forma más explícita, ha ceñido la declaración unilateral de independencia (DUI) al terreno estrictamente "político", pese a insistir en que su aprobación fue un acto "formal, solemne" y con "mucho contenido".

Menos incisivo ha sido en relación a la violencia en el 1-O, de la que ha responsabilizado a los cuerpos de seguridad del Estado, aunque al mismo tiempo ha censurado los escraches a los agentes de simpatizantes independentistas porque es "inaceptable utilizar la fuerza y la presión" en esos términos.

Preguntado por el acoso a los agentes alojados en un hotel de Reus (Tarragona), ha respondido: "Lo que conté es que esas imágenes me parecían muy mal, pero también la de los policías saliendo con sus porras reglamentarias".

Y aunque ha condenado "de manera rotunda" este tipo de actuaciones, Rull también ha admitido que le costó ver escraches violentos esos días pese a que la Guardia Civil acreditó 117.

Rull, que lleva un año en prisión preventiva, ha hecho referencia a un "problema de percepciones" con la Fiscalía sobre lo que ocurrió el 20-S frente a la Conselleria de Economía. Donde él ve una actitud cívica amparada por el derecho de manifestación, el ministerio público observa un "tumulto" y una "turba", lo que en su opinión, solo sirve "para denigrar a los ciudadanos".

Sin salirse del guión marcado por el resto de acusados, Rull ha negado la malversación al insistir que no se "gastó un euro público" en el referéndum, algo que hubiese hecho saltar "las luces de alarma", ya que las cuentas de la Generalitat estaban "totalmente controladas" por el Gobierno.

Y como viene siendo costumbre hasta ahora en el juicio, Rull también ha negado conocer el documento Enfocats o la agenda Moleskine, intervenidos al número 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové, que supuestamente trazan la hoja de ruta unilateral de la independencia.

Lo mismo ocurre con el asunto de las urnas y las papeletas para el 1-O. Rull tampoco sabía dónde se imprimieron las papeletas ni de dónde salieron las urnas, pero tenía "la confianza de que aparecerían" porque "la fuerza de la esperanza es extraordinaria".

Aunque hasta el momento ha sido el único acusado que ha admitido que cedió un local adscrito a su departamento, el de la agencia de residuos de Cataluña, para celebrar la consulta.

Con una continua apelación al contexto de los hechos, Rull ha reconocido que firmó ya en 2015 junto con otros representantes públicos y sociales la hoja de ruta independentista, "una declaración de intenciones" que nunca contempló la movilización ciudadana como instrumento de presión.

Lo hicieron, ha explicado, para dar respuesta a las demandas de "un sector importante de la sociedad catalana" y tras haber agotado "todas las vías" de negociación con el Gobierno central: "¿se nos cierran puertas? Abrimos otras".

Rull ha dado cuenta también de los motivos por los que la Generalitat denegó atracar a un buque que transportaba a los policías destinados a Cataluña a impedir el 1-O, uno de los hechos claves en que la Fiscalía fundamenta su acusación de rebelión contra él.

Según ha aducido el exconseller, no supo que en ese barco viajaban policías hasta que "las decisiones ya estaban tomadas" y si la dirección de Puertos de la Generalitat impidió atracar a la embarcación es porque la solicitud no se había tramitado correctamente, gestionándola como "buque de Estado".