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El juicio por el caso Guateque, la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, ha finalizado hoy con la última palabra de los treinta acusados, aunque únicamente una decena ha hecho uso de ella para reiterar su inocencia y subrayar "el calvario" que han pasado durante diez años.

Ha sido poco antes de la una de la tarde cuando la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid que presidía la Sala, Carmen Compaire Plom, ha dejado visto para sentencia el juicio, cuatro días antes de que se cumplan cuatro meses de su inicio el pasado 11 de enero y diez años desde que se destapase el caso.

Los treinta acusados, para los que la Fiscalía pide entre seis meses y 31 años de prisión por formar parte de una trama para agilizar licencias a cambio de dinero, han seguido la última sesión del juicio desde los asientos habilitados frente al tribunal, con interés y con semblantes serios.

Primero han escuchado a los abogados de tres de los encausados -Alfonso Clemente García, José Luis Moreno López y Eduardo Agustino Carrasco-, que han pedido la absolución de sus defendidos porque no se ha acreditado que cometieran ilegalidades, y al letrado del Ayuntamiento, que ha defendido que éste no tiene que hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria que se le pide porque no concurren los requisitos legales ni lo han pedido los perjudicados.

Tras un receso en el que los letrados y sus defendidos han aprovechado para comentar cómo afrontarían la posibilidad de decir la última palabra, el tribunal ha pedido a los encausados que dijeran su nombre uno a uno mientras se levantaban si querían hacer uso de la última palabra.

Pero la mayoría se ha limitado a explicar que no tenían nada que decir, dando las gracias al tribunal o remitiéndose a lo que habían dicho sus abogados.

Una decena de ellos sí han intervenido para defender su inocencia y pedir una sentencia "justa", como el supuesto cabecilla de la red, Victoriano Ceballos, para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel.

"Tengo 74 años y (comparezco) tras casi 10 de proceso y de haber estado 73 días en la cárcel, de haber sido vilipendiado, de haber sido tratado sin razón como un mafioso, de haber pasado mi familia un traumático calvario, y sin ninguna posibilidad de recuperar ni psíquicamente ni moralmente el daño causado, llegando a estar destrozado", ha dicho al tribunal con voz temblorosa.

Ha dado por hecho que la Sala "ha podido comprobar que no hay nada cierto" en relación con los delitos que supuestamente cometió, y ha hecho propósito de enmienda en el sentido de dejar de hablar "sobre cosas que debiera reposar un poco, y mejor no decirlas, porque no se sabe en manos de quién va a caer".

Se ha referido así a las conversaciones intervenidas en las que él y su entonces jefe, Joaquín Fernández de Castro, discuten sobre cómo organizar los "golpes", según el relato del fiscal, que tildó este comportamiento de "mafioso" y lo comparó con la película El Padrino.

Tras asegurar que le han amenazado y que se ha visto obligado a cambiar de domicilio, Ceballos ha dicho al tribunal: "Señorías, solo les pido que emitan un juicio justo en base a las pruebas de los delitos que se me imputan. Muchas gracias".

Jesús Vicente García Martín, arquitecto acusado de pedir 15.000 euros a los dueños de un local para agilizar una licencia, ha defendido su inocencia sentado porque recientemente sufrió un derrame cerebral y ha asegurado que el proceso judicial le ha causado tanto este mal como problemas de corazón y problemas psicológicos, además de desprestigio profesional.

Otro de los acusados, Fernando Ruiz Torrejón, exjefe de la unidad de Gerencia de Urbanismo, ha resumido en una frase el sentir de sus compañeros de banquillo: "Confío en que este juicio ponga fin a diez años de injusto sufrimiento".

La mayoría de las defensas han pedido que, de condenarse a sus clientes, se haga con el atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos en el proceso.

La trama se destapó en 2007 pero su instrucción se ralentizó debido al volumen de la investigación y al número de implicados, aunque también por la acción del primer instructor, Santiago Torres, quien fue multado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "retraso injustificado" en la tramitación de esa causa.

Hoy todos confiaban en que, como se rumoreaba en la Sala, la sentencia se conozca antes del verano.