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Los diez días de luto oficial por las más de 27.000 personas fallecidas por coronavirus han comenzado este miércoles en el Congreso entre descalificaciones y peticiones de la oposición para que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita de su cargo.

El tono de la sesión de control de este miércoles en la Cámara Baja ha alcanzado el clímax durante la interpelación que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tenido con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

La diputada ha llamado al líder de Unidas Podemos "hijo de terrorista" antes de recordar un artículo del propio Iglesias en el que aseguraba que su padre perteneció al Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP).

El vicepresidente, nada más volver a la tribuna de oradores, ha acusado a Álvarez de Toledo de haber cometido "un delito" en el hemiciclo del Congreso, por lo que ha avanzado que animará a su padre a interponer las medidas judiciales que estime oportunas.

El rifirrafe ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a pedir a la portavoz del PP su consentimiento para retirar del diario de sesiones la expresión "su padre es un terrorista", aunque ésta no ha sido la afirmación.

Álvarez de Toledo se ha reafirmado en ello y ha mostrado el artículo en el que, según ha puntualizado, el propio Iglesias evoca ese vínculo de su padre.

Batet ha avanzado que dicha expresión desaparecerá del acta de la sesión, lo que ha provocado protestas en la bancada del PP y gritos de "censura".

Este episodio se ha producido en el tramo final de una sesión de control al Gobierno protagonizada por Grande-Marlaska y por los cambios producidos en la jerarquía de la Guardia Civil. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y la renuncia del director adjunto de operaciones, así como la imprevista aprobación de la equiparación salarial, han servido de detonante.

El protagonismo de Marlaska ha sido político, pero también numérico: ha respondido a siete de las quince preguntas planteadas este miércoles por la oposición.

Antes, el presidente, Pedro Sánchez, ha defendido la derogación de la reforma laboral en los términos que propone su programa de Gobierno y ha enmarcado el proceso en el diálogo social.

También ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de haber convertido su estrategia de oposición en un "concurso de posados", en lo que está compitiendo, en su opinión, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder de los populares había atacado antes al mandatario socialista por la gestión de la pandemia, pero sobre todo por el pacto suscrito la semana pasada con EH Bildu, lo que ha tachado de "broma macabra".

Para Sánchez, este tipo de oposición, aparte de "oponerse a todo" y de "los posados", se caracteriza por las similitudes con Vox.

Su tono de respuesta a la pregunta siguiente del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido distinto a pesar de que el diputado independentista no ha ahorrado reproches.

Ha acusado al presidente del Gobierno de dar prioridad a las "matemáticas" y no a la política, lo que entraña un riesgo "terriblemente peligroso", que es el de "dar aire a la derecha".

A ERC ha molestado que el Ejecutivo haya contado con Cs para sacar adelante las cuarta y quinta prórrogas del estado de alarma. Rufián ha pedido a Sánchez que diga qué camino parlamentario quiere seguir durante la presente legislatura.

El presidente ha apostado por desarrollar el programa de Gobierno que esgrimió en su investidura por cuanto es "más necesario que nunca". Es decir, quiere contar con el bloque de partidos que le permitieron seguir en la Moncloa.

Minutos después se han sucedido las siete preguntas al ministro de Interior.

Grande-Marlaska ha mantenido como leitmotiv que desconocía el informe que la Guardia Civil ha enviado a la juez que investiga si las manifestaciones del 8M provocaron una extensión de la COVID-19 y que nunca, ni antes como juez ni ahora como ministro, ha incurrido en injerencias.

Los grupos principales de la oposición, PP, Vox y Cs, han insistido en que el ministro debe dimitir.

Por parte del grupo popular, Teresa Jiménez Becerril, Mario Garcés, Eloy Suárez y Carolina España han criticado la aplicación de la equiparación salarial en este contexto porque apunta a "cortina de humo" antes que a una medida meditada previamente.

Lo mismo han hecho los diputados de Vox, Macarena Olona e Ignacio Gil Lázaro, y el de Cs, Edmundo Bal.

Los dos primeros han acusado al titular de Interior de "traicionar" los principios que tuvo como juez y ha calificado su conducta de "profundamente miserable mentirosa y presuntamente delictiva"; Bal, por su parte, ha reprobado las "coacciones y amenazas de ceses" en las que se estaría prodigando Marlaska.

El ministro ha criticado que la oposición se afane en "instrumentalizar" las Fuerzas de Seguridad y el poder judicial y ha remarcado que no hay nada de improvisación en la equiparación salarial aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

Ese supuesto intento de apropiación de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido el argumento que ha empleado Iglesias en el Congreso, aunque con más vehemencia. Ha preguntado al PP si estaba llamando a la Guardia Civil a la "insubordinación".

La sesión de control ha circulado entre descalificaciones, en contraste con el tono de Batet cuando, al comenzar el pleno, ha recordado que este miércoles es el primero de los diez días de luto oficial.

El Congreso, por ello, luce las banderas a media asta o con crespón negro y ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las más de 27.100 víctimas del coronavirus.