EFEMadrid

El PP es partidario de estudiar una reforma legal que impida el uso "espurio" que de la acusación particular hacen los partidos políticos para tratar de ganar por vía judicial lo que no consiguen en las urnas, ha anunciado hoy el portavoz parlamentario del grupo popular, Rafael Hernando.

En una entrevista con EFE, Hernando ha reconocido haber abordado ya con Ciudadanos la posibilidad de acometer esta reforma, con la cual se evitarían prácticas como las que a su juicio está llevando a cabo el PSOE en Murcia, donde los socialistas ya han perdido 81 demandas presentadas bajo el paraguas de la acusación particular.

Su propuesta consiste en vetar a partidos, sindicatos y entidades vinculadas a las fuerzas políticas para que puedan usar la acusación como "elemento de ataque político" con el que intentar "obtener en los tribunales lo que no se gana en las urnas", y limitar esta figura únicamente a los directamente afectados.

"Ya son muchas las sentencias que hemos visto de gente que estaba acusada, a la que se le había hecho el paseíllo mediático y que luego ha resultado inocente", ha manifestado Hernando.

El portavoz del PP en el Congreso ha formulado su propuesta a raíz de la crisis abierta en Murcia por la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, del PP, por supuestos delitos cometidos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y sobre los que todavía no ha declarado ante el juez.

Especialmente crítico se ha mostrado con el papel que en este asunto está desempeñando Ciudadanos, formación que sostiene el gobierno autonómico murciano, por cuanto ha dado por roto su pacto de investidura tras negarse Sánchez a dimitir.

Hernando ha acusado al partido liderado por Albert Rivera de seguir diferentes varas de medir según se trate de uno u otro territorio, y también de haber mantenido una posición global distinta de la que defiende en el caso del presidente de Murcia.

Como ejemplos ha puesto los de su diputado valenciano Domingo Rojo, acusado de apropiación indebida y al que Ciudadanos no ve obligado a dimitir, o el del alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, al que este partido sigue apoyando pese a estar investigado por unas adjudicaciones de la Junta de Andalucía.

Frente a ambos casos expone el de Pedro Antonio Sánchez, a quien Ciudadanos quiere "aplicarle el máximo rigor sin ni siquiera darle la oportunidad de comparecer ante el juez".

Pero además Rafael Hernando ha reprochado a Ciudadanos una actitud "incoherente", porque en el último Pleno promovió tramitar en el Congreso una proposición de ley integral contra la corrupción -que logró amplio apoyo- donde plantea no apartar a los cargos públicos hasta la apertura de juicio oral, mientras en el caso de Murcia ha exigido la renuncia del presidente sólo por ser investigado.

En cualquier caso, él no cree que la crisis de Murcia vaya a poner en peligro el pacto de investidura con Ciudadanos.

En su opinión, este acuerdo de 150 puntos "va bien" y se está cumpliendo, según constataron las dos partes esta misma semana en una reunión de evaluación.

"Nosotros estamos cumpliendo, se ha visto claramente esta semana, y lo que no entendemos son las variaciones de posición que ha imprimido Rivera", insiste el portavoz del PP.

También se ha referido a los recelos que en Ciudadanos suscita la tardanza de la puesta en marcha de algunas medidas acordadas, como la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, la supresión de los aforamientos o la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.

Hernando ha asegurado que la voluntad de su partido "es llevar adelante todos los acuerdos" aunque, ha apostillado, "hay que elegir los momentos y la forma".

"Lo que no puede ser es pretender utilizar la marcha de esos acuerdos para decir un día que están muy contentos y otro día para decir que no", de manera que ha instado al partido de Rivera a "poner por delante los intereses de los españoles" en vez de los "momentáneos" o los titulares de prensa; "Con la Constitución no se juega", ha advertido.

Y lo dice porque hay modificaciones legales, como la referida a los aforamientos, que exigirían cambiar la Constitución -"y Podemos ya ha advertido de que si se modifica la Constitución, lo va a llevar a referéndum", ha alertado- e incluso convocar nuevas elecciones.

"No parece muy sensato que hagamos ahora una reforma exprés de la Constitución que pueda derivar en un referéndum que utilicen los independentistas en Cataluña o Podemos para fines que son distintos a los que plantea la propia reforma", ha concluido.