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Tras romper ayer la negociación para renovar el Poder Judicial, el PP considera que "en este momento" hay "dificultades" que hacen "imposible" cualquier acuerdo y acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "sacrificar la Justicia" para "reforzar su coalición de Gobierno".

Dos son los nombres que para el PP impiden el pacto: el de Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, porque supone "permitir puertas giratorias" entre la política y la justicia, y el juez José Ricardo de Prada, que juzgó la primera etapa de Gürtel, porque el PSOE lo propone para el turno de juristas de prestigio pese a ser un magistrado en activo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido a su Comité de Dirección tras la ruptura de las negociaciones, y el exmagistrado, consejero madrileño y responsable de Justicia del PP, Enrique López, ha puesto rostro al desencuentro en declaraciones remitidas a los periodistas.

“Las peleas de coalición entre Sánchez e Iglesias han hecho descarrilar el acuerdo de renovación del CGPJ; en este momento existen dificultades que hacen imposible alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, ha afirmado López en un vídeo enviado a los medios.

López ha defendido que "en política la coherencia lo es todo y el PP es coherente" con sus condiciones para pactar: "Despolitizar el órgano de Gobierno de los jueces y reforzar la percepción de independencia del poder judicial español".

Así, el PP no acepta a Rosell al considerar que proponerla como vocal supone permitir "puertas giratorias entre política y justicia", por lo que su elección es "contraria con el objetivo de despolitizar".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido en Twitter a Rosell que "salga, por favor, de la puerta giratoria" y ha ironizado diciendo que se tiene "en muy alta estima" por relacionar su veto con la "anticorrupción" y el "feminismo".

En el caso del juez De Prada, el PP habla "de ilegalidad" porque al no haber sido propuesto por sus compañeros en el turno de los doce vocales jueces, debería ir en el de juristas de reconocido prestigio, "una clara ilegalidad" a ojos del PP, que considera que además se menosprecia " a catedráticos, fiscales, abogados, que son los que tienen reservado este turno".

El PP defiende que su posición sigue siendo la de "alcanzar un acuerdo para la renovación de importantes instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos", pero argumenta que "se debe producir para fortalecer las instituciones y no para debilitarlas".

"Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aclaren en sus peleas internas, que nos llamen. Sánchez no puede pretender reforzar su coalición con Podemos a costa de sacrificar la justicia española", recalcan desde Génova.