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El PSOE ha multiplicado su actividad esta semana para tratar de paliar su histórica derrota en Andalucía, con la reactivación de leyes de carga ideológica como la de Memoria Democrática, el anuncio de nuevas medidas anticrisis y una maniobra legal para desbloquear nombramientos en el Tribunal Constitucional.

Esta hiperactividad legislativa responde a la estrategia del PSOE de centrarse en su labor de Gobierno para pasar página de los malos resultados obtenidos en las elecciones de Andalucía del pasado domingo, los peores de su historia en esa comunidad, al bajar hasta los 30 escaños y quedar muy lejos de la mayoría absoluta del PP.

"La vida continúa", dice un miembro de la Ejecutiva Federal, que reconoce que la debacle andaluza ha sido un mal trago para el PSOE, pero cree que ahora lo importante es seguir adelante y "hacer valer" la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que "los problemas se solucionan con acciones concretas".

Una reflexión que comparten diversas fuentes socialistas del partido y del Ejecutivo, que consideran que ante la derrota andaluza lo mejor que puede hacer el PSOE es continuar trabajando y tomando medidas para demostrar que lidera un gobierno "progresista y de izquierdas" en España.

Y es lo que está intentando hacer el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que después de analizar los resultados de las andaluzas en la Ejecutiva Federal del lunes, en la que aseguró que su Gobierno está "fuerte y sólido", ha retomado una intensa agenda nacional e internacional y varias medidas legislativas.

De hecho, Sánchez señaló el viernes que "por mucho ruido y turbulencias que haya, provocadas o no", el Ejecutivo tiene la determinación de acabar la legislatura y de seguir con su "hoja legislativa de transformación y protección social", lo que asegura que "le de ánimo" para seguir.

En pocos días ha acudido a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, ha viajado hasta Zamora para visitar la zona afectada por un incendio forestal y ha asistido a la habitual sesión de control en el pleno del Congreso de los Diputados de los miércoles, donde anunció durante una respuesta a ERC una bajada del IVA de la electricidad del 10 al 5 %.

Esta medida está incluida en el nuevo real decreto para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania que el Gobierno aprobará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario.

En paralelo, el grupo parlamentario socialista ha intensificado su actividad en el Congreso con la reactivación de leyes como la de Memoria Democrática, una norma con una fuerte carga ideológica para la izquierda y cuya tramitación llevaba cerca de siete meses parada.

El PSOE asegura que ahora cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante esta ley y pretende aprobarla en un pleno extraordinario el 11 de julio que todavía no ha sido convocado y en el que no descarta llevar a votación otras leyes que siguen en el cajón como la 'ley mordaza' e, incluso, la ley de vivienda.

Además, tras las elecciones andaluzas el PSOE ha movido ficha para tratar de solucionar dos de los asuntos más delicados y polémicos que afronta el Gobierno.

Por un lado, el grupo parlamentario socialista registró el viernes una proposición de ley para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que el órgano de gobierno de los jueces sigue en funciones por la falta de acuerdo con el PP para su renovación.

Por otro lado, el Gobierno de Sánchez ha dado un paso para reconducir la relación con la Generalitat de Cataluña, congelada tras el espionaje a líderes independentistas con Pegasus, con la reunión mantenida el miércoles en Moncloa entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà.

Un encuentro que es la antesala del que prevén mantener próximamente Sánchez con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, puede que incluso antes de las vacaciones de verano.

Las próximas semanas seguirán siendo muy movidas para Sánchez, que tras la celebración de la cumbre de la OTAN los días 29 y 30 de junio en Madrid tiene dos fechas muy relevantes en el calendario para el mes de julio en el Congreso: la convalidación del real decreto de medidas anticrisis y su primer debate de estado de la nación como presidente del Gobierno.

Con toda esta actividad, el PSOE confía en paliar la derrota de las elecciones andaluzas y hacer valer la labor del Ejecutivo, aunque fuentes socialistas reconocen que también será necesario "redoblar los esfuerzos en la comunicación" para que los ciudadanos sepan quién impulsa las medidas.

La labor no será fácil, ya que el PSOE gobierna en coalición con Unidas Podemos, que sigue aireando públicamente sus diferencias con los socialistas con cuestiones como la OTAN, la iniciativa para renovar el Tribunal Constitucional o las medidas del decreto anticrisis.

Pero pese a ello en el PSOE descartan romper con sus socios en el Ejecutivo y subrayan su voluntad de agotar la legislatura.

Eso sí, para tratar de captar al electorado progresista en las elecciones municipales y autonómicas previstas en mayo de 2023 y evitar una nueva catástrofe electoral ven necesario hacer "más calle" en los territorios y centrar sus críticas en el PP, ya que consideran que la estrategia de alentar el miedo a Vox está agotada.

Sol Carreras