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El pago por parte del rey emérito de España, Juan Carlos I, de más de cuatro millones de euros para regularizar su situación fiscal generó este viernes numerosas críticas sobre la conducta del exjefe de Estado y la lentitud, tanto de la Hacienda como de la Justicia españolas, en varias investigaciones que tiene pendientes.

Juan Carlos I, de 83 años, que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, pagó cerca de 4,4 millones de euros (unos 5,3 millones de dólares) para saldar una deuda con la Hacienda española, un desembolso que, lejos de mejorar su imagen en España, le acarreó nuevos reproches y suscitó dudas sobre cómo están actuando la Agencia Tributaria y la Justicia en tres investigaciones sobre él mismo, que perdió la inmunidad al abdicar la jefatura de Estado en su hijo, Felipe VI, y se fue a Abu Dabi.

CRÍTICAS DEL PRESIDENTE ESPAÑOL

Juan Carlos I ha presentado una declaración "sin requerimiento previo" para saldar la deuda tributaria de la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein y fundada por un primo lejano suyo, Álvaro de Orléans-Borbón, quien le sufragó gastos de vuelos privados entre 2007 y 2018.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que siente el mismo rechazo que la mayoría de los españoles ante las conductas "incívicas" de Juan Carlos I, y mostró su "perturbación e incomodidad" sobre la actuación del anterior jefe del Estado al tiempo que destacaba la ejemplaridad de su sucesor, Felipe VI.

Sánchez subrayó que "la Casa Real actual ha marcado un antes y un después sobre transparencia y el buen uso de los recursos públicos", por lo que recalcó que no se está juzgando a una institución como la monarquía, sino el comportamiento de una persona.

El año pasado, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre y que éste dejaba de percibir fondos de la Casa Real española de acuerdo con la "rectitud e integridad" que deben regir a la Monarquía.

Felipe VI no hizo comentarios sobre su padre en un acto que se celebró hoy en Madrid, mientras que sí recordó la figura de Juan Carlos I como rey de España durante casi cuatro décadas en la conmemoración, el pasado martes, del cuadragésimo aniversario del frustrado golpe de Estado de 1981, sobre el que ensalzó su papel determinante para que fracasara la asonada militar.

Desde que su padre se marchó de España el pasado agosto a Emiratos Árabes Unidos por un escándalo de presuntos negocios ocultos en el extranjero, Felipe VI no ha hecho mención expresa a este asunto.

HACIENDA Y JUSTICIA, CUESTIONADAS

El hecho de que Juan Carlos I cancele deudas fiscales antes de que le pudieran procesar --esta es su segunda regularización voluntaria-- desencadena en España una serie de cuestionamientos, tanto sobre la lentitud de las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Fiscalía del Tribunal Supremo, como acerca de la igualdad ante la ley.

Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, dijo que "la Justicia tiene que fiscalizar si ha habido ilegalidades", pues "la ley es igual para todos los españoles".

El socio de gobierno de los socialistas, la formación de izquierda Unidas Podemos, lamentó que la "tardanza" y "pasividad" de las investigaciones, sea o no de forma intencionada, parece ofrecer "impunidad" al exjefe de Estado.

La presidenta del partido liberal Ciudadanos, Inés Arrimadas, declaró: "La sensación es de decepción para millones de españoles que sabemos la contribución a la democracia española que hizo en su día y que se demuestra que, después, ha tenido conductas absolutamente decepcionantes".

Formaciones independentistas en el Parlamento español, que recurrentemente cuestionan la Monarquía, solicitaron que el Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria expliquen esta segunda regularización fiscal del rey emérito al considerarla opaca y de dudosa procedencia.

La regularización fue confirmada por Javier Sánchez-Junco, abogado de Juan Carlos I. Es la segunda declaración voluntaria tras la del pasado diciembre de 678.393 euros (unos 823.094 dólares).

El rey emérito, que abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe, tiene abiertas en España tres investigaciones: una relacionada con un presunto blanqueo de capitales; otra por una cuenta en Suiza atribuida a él junto con el posible cobro de comisiones por las obras del tren de alta velocidad de La Meca (Arabia Saudí), y una tercera relacionada con el uso de tarjetas opacas a otro nombre.