EFEMadrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cuando esta era diputada de Podemos.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado tanto los recursos de Alba como los de la acusación particular que ejercía Rosell, que solicitó elevar la condena a 10 años de prisión, y a la que se adhirió Podemos.

De esta forma ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaró culpable al magistrado de la Audiencia de Las Palmas de tres delitos cometidos durante el tiempo en que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria: prevaricación, falsedad y cohecho.

Además de las penas de prisión e inhabilitación para el cargo público de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta, el tribunal le impuso el pago de una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil.

En aquella sentencia, que el Supremo ha hecho firme, el TSJ declaró probado que Alba manipuló una investigación abierta al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, cuando ésta era ya diputada en el Congreso.

La resolución afirmaba que, siendo instructor del caso, Salvador Alba se reunió de forma reservada con el empresario para expresarle su intención de conseguir pruebas que demostrasen que Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto, unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja y las empresas del entonces propietario de Seguridad Integral Canaria.

Esa posible conexión -que de ser cierta habría obligado a Rosell a apartarse del caso- había sido objeto de una investigación disciplinaria iniciada a instancias de la Fiscalía de Las Palmas, que finalizó con dos resoluciones favorables a la juez, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

En su sentencia, el Tribunal Supremo afirma que en aquella reunión entre el juez y el empresario, se pactó introducir datos y documentos en el curso de una declaración que acordó practicar.

La finalidad principal, añaden los magistrados, no era interrogar al imputado, "sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción".

En definitiva, la sentencia ahora confirmada estableció que Alba "torció" el procedimiento para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminar a Rosell, incluso ofreciendo al empresario imputado la posibilidad de archivar su caso.