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El Tribunal Supremo ha pedido a la Abogacía del Estado que informe sobre la concesión del indulto a los líderes independentistas condenados por el "procés" y ha rechazado incorporar el informe de Vox porque la ley no contempla que la acusación popular deba emitir un dictamen sobre la medida de gracia.

La Sala solicitó primero un informe a la Fiscalía y ahora hace lo mismo con la Abogacía del Estado, tal y como establece la Ley de Indulto que, sin embargo, no prevé informe alguno de la acusación popular, por lo que el alto tribunal ha rechazado el dictamen que fue remitido por Vox sin que el Supremo se lo reclamara.

Así, el tribunal ha dictado una providencia en la que recuerda que dicha normativa limita la petición de informe al Ministerio Fiscal y a la parte perjudicada por el delito, en este caso la Abogacía del Estado que fue acusación particular.

Ninguno de estos dos informes es vinculante para la Sala, de la misma manera que el informe del Supremo tampoco lo es para el Gobierno, que es quien acuerda o no la concesión del indulto.

A la espera de conocer el dictamen de la Abogacía, tras el cual el Tribunal Supremo deberá ya pronunciarse, la Fiscalía ha remitido el suyo en el que se opone de manera tajante a la concesión de los indultos, una medida que, subraya, no puede operar "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".

Los cuatro fiscales que acusaron en el juicio del "procés", Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, han remitido al Tribunal Supremo doce informes -uno por cada condenado- "totalmente" desfavorables al indulto, ni total ni parcial.

En ellos argumentan que los condenados no han mostrado arrepentimiento y subrayan la "enorme gravedad de los hechos", castigados con penas muy elevadas en el caso de los nueve condenados a prisión que, además, no han cumplido ni la mitad de la condena.