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El Constitucional ha preguntado a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana encargada del seguimiento de la convocatoria del 1 de octubre si están o no cumpliendo la suspensión de su nombramiento que el alto tribunal acordó la semana pasada.

Además, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado de nuevo la recusación contra ellos de Carme Forcadell. La presidenta del Parlament presentó un recurso de súplica contra el rechazo de su recusación que acordó recientemente el alto tribunal, que ha vuelto a descartar sus argumentos.

En cuanto a los síndicos de Cataluña, todos ellos juristas, el Constitucional anuló su nombramiento al admitir a trámite la impugnación del Gobierno central contra el mismo.

El abogado del Estado ha pedido luego al alto tribunal que ejecute aquella decisión, pues a su juicio se está desobedeciendo. Antes de proceder, eventualmente, a multas, o de pedir al fiscal que actúe contra ellos, el Constitucional les ha dado la oportunidad de explicarse, lo que es un paso necesario de acuerdo a la ley.

Para ello el TC ha enviado un exhorto a los afectados para que expliquen cómo están cumpliendo sus resoluciones.

En su comunicación el TC requiere personalmente a las personas que integran dicha sindicatura electoral de Cataluña, titulares y suplentes, para que, "en el plazo de 48 horas, informen a este Tribunal de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña".

Asimismo, a petición de la Abogacía del Estado, ha acordado ampliar la notificación de la providencia del pasado día 7 a todas las personas designadas para conformar las sindicaturas electorales de los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Es decir, en la práctica, les pregunta si le están desobedeciendo, como paso previo a la deducción de testimonio por desobediencia ante la fiscalía o la imposición de sanciones cautelares para que acaten la resolución.

El Tribunal Constitucional volvió a apercibir a los síndicos ayer en su auto de admisión a trámite y suspensión del recurso gubernamental contra la Ley de Transitoriedad catalana.