EFESassari (Italia)

La Justicia italiana pospuso hoy el proceso sobre la posible entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont hasta que la Corte europea de Justicia se pronuncie sobre su inmunidad y sobre la cuestión prejudicial presentada por el magistrado español Pablo Llarena.

El abogado italiano Agostinangelo Marras explicó que el proceso en Italia no queda archivado, sino solo suspendido, hasta que la justicia europea se pronuncie sobre su inmunidad y sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena acerca de la interpretación de Bélgica en relación a las euroórdenes dictadas contra los líderes independentistas, aseguró Marras.

Solo una vez que estas cuestiones sean resueltas, el proceso en Italia podrá continuar, aunque los plazos no están claros, tal y como añadió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, quien dijo que posiblemente haya que esperar a la primavera de 2022.

"En cuanto a los plazos, hay uno que tenemos claro, el tribunal general en las medidas cautelares ha dado plazo al Parlamento Europeo hasta el 15 de octubre para contestar a nuestra solicitud, con lo cual sabemos que no habrá resolución antes. Los otros tres o cuatro procedimientos que tenemos abiertos (…) tienen su ritmo y nosotros creemos que eso será dentro de los próximos meses, todavía quedan fases de contestación y réplica", apuntó.

"Creemos que a partir de la primavera se irán resolviendo los distintos procedimientos que tenemos abiertos".

Consideró que "es inviable la euroorden" y que "no puede haber dos procedimientos para entregar a la misma persona", en referencia al proceso suspendido también en Bélgica.

"¿Cuántos procedimientos de euroorden quiere abrir el juez Llarena? ¿26?", dijo Boye, refiriéndose al resto de estados miembros de la UE, sin contar a España.

PUIGDEMONT DICE "BASTA" A ESPAÑA

El expresidente catalán compareció ante los medios y pidió al Estado español "autocrítica" por la vía judicial emprendida para intentar conseguir su extradición, porque no obtiene resultados y "dificulta la resolución del conflicto" catalán: "Es el momento de decirle 'basta' a España".

Acusó al Estado español de "utilizar el poder judicial para conseguir objetivos políticos", lo que lo sitúa en esta cuestión "fuera del marco de la Unión Europea".

En casi "cuatro años de exilio", ha destacado el expresident, ha tenido que hacer frente a "tres órdenes internacionales de arresto" y ha comparecido ante "tres jurisdicciones diferentes" -la belga, la alemana y la italiana-, pero "España no ha obtenido ninguno de sus objetivos políticos", que, según ha denunciado, pasan por meterlo "en la cárcel sin libertad de expresión" y no dejarle "moverse".

Además, ha advertido al PP y al PSOE de que la "única manera" de cumplir sus promesas de lograr su extradición pasaría por incumplir la ley: "¿Qué harán? ¿Me secuestrarán, como en la época en que el Estado español estuvo involucrado en la guerra sucia del GAL?".

El líder del PP, Pablo Casado garantizó ayer, domingo, que su partido traerá al expresidente de la Generalitat ante el Tribunal Supremo, aunque para ello tenga que "viajar hasta el último país de Europa".

COMÍN Y PONSATÍ EN CERDEÑA

El líder independentista fue detenido el pasado 23 de septiembre a su llegada al aeropuerto sardo de Alguer y conducido a la cárcel de alta seguridad de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente.

Este lunes ha estado acompañado en Sassari, entre otros, por los eurodiputados y exmiembros del Govern Toni Comín y Clara Ponsatí, también buscados por la Justicia española y sobre los que pesa otra euroorden del Tribunal Supremo; la diputada de la CUP Dolors Sabater y el secretario general de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, que estuvo encarcelado durante cuatro años y fue indultado por el Gobierno español en junio.

En declaraciones a Efe, Comín destacó que "es pintoresco que el juez Llarena haya informado al juez italiano" de que ambos estaban en Italia, cuando las autoridades italianas ya sabían de su presencia y habían avisado a España de que no iban a proceden a su detención en el país.

"El Gobierno italiano ha decidido hace pocos días que si nosotros veníamos a Italia no íbamos a ser detenidos. Y a pesar de esto, el juez Llarena manda un oficio pidiendo a las autoridades italianas nuestra detención. Le estás pidiendo a las autoridades italianas que detengan a unas personas sobre las que las autoridades ya han hecho saber al Tribunal Supremo que no las piensan detener", dijo.

El partido ultraderechista Vox también había pedido personarse en la causa y viajó hasta el tribunal sardo la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, si bien la Corte de Apelación de Sassari no les concedió la petición.

Boye destacó que “el tribunal tardó la nada misma en explicarles que no hacían nada en esta vista” y lamentó que un partido “fascista” haya intentado “introducir la política en un tribunal”.

Laura Serrano-Conde