EFEBarcelona/Madrid

El Tribunal de Cuentas decidirá en dos días si acepta los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que han presentado una treintena de ex altos cargos del Govern a quienes reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros mientras investiga si promocionaron el procés en el extranjero con dinero público.

Aunque el plazo inicial para liquidar las fianzas expiraba ayer miércoles, el organismo administrativo ha acordado conceder un plazo improrrogable de dos días después de que 29 de los encausados, según fuentes de la conselleria de Economía, hayan presentado esta mañana los avales del ICF por vía telemática.

Fuentes del organismo fiscalizador han apuntado que esas comunicaciones constituyen un mero anuncio, por lo que se ha dado un plazo extra para dar tiempo a que la documentación original en papel, que los investigados han mandado por vía urgente, llegue a su destino.

La demora en la presentación de los avales tiene su origen en la incapacidad del Govern para encontrar a un banco que asumiera los avales que se facilitaran a través del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat.

El ejecutivo de Pere Aragonès creó ese fondo hace unas semanas con la idea de que funcionara como un seguro privado y que fuera una entidad financiera quien avalara las fianzas, con un contraval de la Generalitat canalizado a través del ICF.

El decreto mediante el cual se creaba el fondo contemplaba que, en ausencia de una entidad financiera, fuera el ICF quien presentara el aval, con el contraval del fondo, que tiene una dotación inicial de 10 millones.

El conseller de Economía, Jaume Giró, dijo que no se activaría este mecanismo para no poner en "peligro" a los trabajadores del ICF, pero 24 horas después, tras un episodio de tensiones entre los socios de Govern de ERC y JxCat, anunció que se activaría el organismo autonómico.

Tras el cambio de criterio del Govern, 29 de los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas decidieron acogerse al mencionado fondo, según fuentes de la conselleria de Economía, y esta misma mañana han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF.

Según fuentes del organismo administrativo, cuatro de los encausados han rehusado el auxilio de la Generalitat y han optado por pagar las sumas requiridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.

Esa última opción también la contemplan como plan B algunos de los exdirigentes que se han acogido al fondo de la Generalitat, en caso de que el Tribunal de Cuentas rechace los avales del ICF.

Para facilitar ese movimiento llegado el caso, la Caja de Solidaridad independentista ha abonado más de un millón de euros ante el Tribunal de Cuentas en concepto de intereses sobre las multas de la consulta del 9N.

Ese depósito permitirá que se levante el embargo sobre propiedades de mayor valor que habían aportado algunos de los afectados por la causa del 9N, como el expresidente Artur Mas.

Una vez libres, estas propiedades podrían servir de garantía para cubrir las nuevas fianzas que exige el Tribunal de Cuentas.

Con todo, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confiado en que se acepten los avales: "Es difícil que podamos hacer futuribles sobre cuál será la respuesta del Tribunal de Cuentas en su manera de actuar y su marco mental. Pero es un decreto sólido jurídicamente y, por tanto, no debería haber ningún motivo para que no se aceptara", ha dicho.

También la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, ha respaldado los avales del ICF porque, en su opinión, es "coherente" que la entidad financiera pública de la Generalitat formalice este aval, dado que ningún banco se ha prestado a ello "porque tienen miedo a la represión".