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El Supremo continuará la próxima semana deliberando sobre si revoca o mantiene el tercer grado concedido a los presos del "procés" al no haber terminado de revisar los recursos, aunque desde el Govern confían en una resolución favorable siempre que el tribunal aplique una "perspectiva técnica".

Los magistrados que juzgaron a los lideres independentistas han comenzado este jueves a revisar a puerta cerrada los recursos que interpuso la Fiscalía contra el tercer grado y contra la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que se concedió a los presos antes de otorgarles la semilibertad.

Fuentes jurídicas han informado de que, ante el volumen de recursos a estudiar, ya que todos son individuales, los magistrados han acordado retomar su estudio la próxima semana sin avanzar si ya entonces habrá una resolución para todos ellos.

Aunque los nueve líderes independentistas condenados a penas de cárcel tienen avalado por el juzgado de vigilancia penitenciaria el tercer grado que la Generalitat les otorgó en julio, los siete que se encuentran en la cárcel de Lledoners (Barcelona) lo tienen suspendido, a la espera de que el Supremo resuelva el recurso del fiscal.

No así Carme Forcadell y Dolors Bassa, a quienes el juzgado de vigilancia penitenciaria del que dependen ambas declinó suspender el régimen de semilibertad del que las presas siguen disfrutando y que sólo les obliga a volver al recinto penitenciario a dormir, de lunes a jueves. La Fiscalía también recurrió esta decisión al Supremo.

Pero la decisión del Supremo sobre el futuro penitenciario de los presos conllevará más tiempo aun ya que los magistrados revisarán también los recursos que los presos de Lledoners interpusieron contra la suspensión del tercer grado, quienes tampoco gozan del régimen flexible del que disfrutaban en segundo grado gracias al artículo 100.2, que les permitía salir para trabajar, cuidar familiares y hacer voluntariado, y que la Fiscalía también recurrió.

Sobre este artículo 100.2 ya se ha pronunciado el Supremo en relación con Forcadell en un duro auto donde revocaba las salidas concedidas antes de disfrutar de su tercer grado y en el que tachaba de "injustificable" ese régimen de semilibertad "de facto".

Mientras los magistrados estaban reunidos, en Barcelona el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, comparecía en la comisión de Interior del Parlament, donde ha defendido "desde una perspectiva técnica" la clasificación en tercer grado del líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de presos.

"Más allá de la valoración política, si (el Supremo) se lo mira desde una perspectiva técnica, debe aprobar los terceros grados con toda seguridad", ha afirmado Calderó, al tiempo que ha resaltado la calidad de los informes de las juntas de tratamiento que propusieron el régimen de semilibertad de los presos, después avalado por tres juzgados de vigilancia penitenciaria diferentes.

Y al margen de criterios técnicos, el secretario ha reafirmado el posicionamiento "clarísimo" del Govern: "Pensamos que estas personas no deberán estar en prisión, que se ha judicializado un conflicto político que no se debería haber judicializado nunca y que la solución, evidentemente, es la amnistía".

El Supremo condenó el 14 de octubre de 2019 a Junqueras y a los otros ocho presos a penas de entre 9 y 13 años de cárcel; en julio de este año, la Generalitat, que tiene las competencias en prisiones transferidas, les concedió el régimen de semilibertad propuesto por las juntas de tratamiento de las respectivas cárceles.

Pero unos meses antes de disfrutar de esta clasificación, que implicaba ir a la cárcel a dormir entre semana, las prisiones ya habían flexibilizado su régimen penitenciario en virtud del artículo 100.2, de forma que desde febrero algunos salían ya a trabajar como Junqueras, que ejerció de docente en la Universidad de Vic (Barcelona), aunque las salidas se suspendieron por la pandemia.

Con el tercer grado, mejoraron su situación penitenciaria pero siguen sin poder salir ya el juez suspendió su aplicación a los reclusos que están en Lledoners en espera del Supremo.

Al margen de su clasificación, los presos también están pendientes de sus peticiones de indulto, sobre las que debe pronunciarse la Fiscalía y el tribunal que los juzgó, que ya tiene encima de su mesa los informes de las cárceles donde cumplen condena, que constatan una evolución favorable y adecuada a retomar la vida en libertad.

El dictamen del Supremo no vincula la futura decisión del Gobierno; sin embargo, el Ejecutivo normalmente suele seguir el criterio del tribunal sentenciador.