EFEMadrid

El jefe de Compras de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) en 2006, Salvador Benjamín Íñiguez, ha declarado en el juicio del caso Gürtel que el contrato de más de siete millones de euros concedido a empresas de la trama con motivo de la visita del Papa ese año a Valencia no tenía precedente.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de los veintidós acusados en esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguido por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de Francisco Correa, el líder de Gürtel, para instalar pantallas y equipos de megafonía en las calles de Valencia con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en julio de 2006.

Según la Fiscalía Anticorrupción tras asumir la RTVV la señal de la retransmisión de la visita del Papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara dicho montaje de pantallas y sonido por "un precio desorbitado" de más de siete millones de euros.

La Fiscalía mantiene que el entonces director general, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y el también acusado José Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.

Pedro García Gimeno se enfrenta a la petición de cárcel más elevada, cuarenta años, mientras que la Fiscalía pide 38 años para Francisco Correa, 37 para Pablo Crespo y Álvaro Pérez y 18 para José Ramón Blanco Balín

Al comienzo de la jornada, primera tras el parón por la pandemia del coronavirus, el presidente de la Sala ha lamentado la muerte a causa de la misma de uno de los acusados, el expresidente de la Cortes Valencianas Juan Cotino.

La sesión ha comenzado con la declaración de Salvador Benjamín Íñiguez Escuder, que entonces era el jefe de la Unidad de Compras de RTVV, para quien la Fiscalía pide diez años de prisión.

Salvador Benjamín Íñiguez ha explicado que por el volumen del contrato se debió haber convocado un concurso público pero finalmente se tramitó por el procedimiento de urgencia y que así lo había decidido la Dirección General.

Ha añadido que su superior, el acusado Ricardo Calatayud, entonces director del Departamento Económico-Financiero de RTVV -que se enfrenta a una petición de once años y medio de cárcel- le explicó que "esto no iba a ser un concurso" tal como le había indicado el director general.

Y ha añadido: "Desde el principio mi jefe me dijo que se iba a encargar él de este expediente y que no tenía que hacer nada".

También ha declarado el acusado Juan Prefaci Cruz, que era el jefe de gabinete del director general de RTVV, para quien la Fiscalía pide diez años de prisión.

Juan Prefaci ha mantenido que el procedimiento de contratación a seguir correspondía al director general y que él no participó "en nada".

Por su parte Encarnación Pérez Pallarés, que era abogada de los Servicios Jurídicos de RTVV, para quien la Fiscalía pide diez años de prisión, ha manifestado que se siente "utilizada".

Ha explicado que ella desconocía que su superior, el director de los Servicios Jurídicos, tuvo una discusión con el director general, Pedro García Gimeno, al que advirtió de que no podía tramitar así este expediente "porque se iba a sentar en el banquillo", a lo que el segundo le dijo que no se preocupara, pero su jefe finalmente se apartó y le dejó a ella frente a este asunto.