EFEFerrol

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que su Gobierno ha decidido dar "un mes más" de plazo al Ejecutivo central para que responda al requerimiento enviado en relación con el reparto de una partida de fondos de empleo y del que esperan respuesta desde diciembre.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, que este jueves se ha celebrado en Ferrol (A Coruña), el presidente gallego ha insistido en que el Gobierno todavía “está a tiempo de rectificar” antes de que Galicia dé el paso de denunciar un reparto que considera “discrecional”.

“Vamos a esperar un mes de plazo para interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo” respecto al reparto de fondos de políticas activas de empleo, ha señalado el mandatario gallego.

No obstante, aunque la intención es “agotar los plazos” para intentar no denunciar al Gobierno, “en la Xunta de Galicia no vamos a permitir que el reparto de fondos se haga de forma discrecional”, ha insistido.

En esta línea, ha reprochado que el Gobierno central "ni se molestase en hacer una llamada telefónica" ante el requerimiento que le envió la Xunta el pasado mes de diciembre ya que el presidente gallego considera que el respeto entre administraciones es algo "sagrado".

En todo caso, el presidente gallego ha hecho hincapié en que recientemente se ha comprobado que las reivindicaciones funcionan y, por ello, la Xunta ha acordado aceptar la vía propuesta por el Ejecutivo estatal para la devolución de los 211 millones del IVA que adeudaba a la Comunidad, más 13 millones de intereses.

Ha recordado que este dinero se recibirá después de que “lamentablemente, tuviésemos que denunciar a nuestro Gobierno” que causó un "quebranto en la hacienda gallega" y un “enriquecimiento indebido” de las arcas estatales.

Sin embargo, ahora el Gobierno central tendrá que devolver un total de 100 millones de euros en concepto de intereses de demora al conjunto de las comunidades autónomas lo que demuestra que “cuando no se quiere escuchar ni dialogar”, el Gobierno estatal es “muy caro para España”.