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El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha marcado este martes terreno en la negociación de presupuestos y ha convocado a ERC y EH Bildu a dos reuniones mañana con las que parece presionar para que las cuentas públicas se saquen adelante con los socios de investidura, y no con Cs.

Según ha explicado Podemos, los socialistas tenían constancia de estos encuentros convocados por Iglesias que ellos enmarcan en "la normalidad", una "iniciativa" a la que han dado la bienvenida la ministra portavoz, María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Cualquier miembro del Gobierno puede hablar con los grupos parlamentarios; eso forma parte de lo que es bastante habitual en un Gobierno de coalición. Puede ser novedoso desde fuera, pero no lo es", ha afirmado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Ella misma, en calidad de ministra de Relaciones con las Cortes, inició ayer una ronda de contactos con los grupos sobre las cuentas, que comenzó por el PP y que retomará mañana con ERC, y el jueves con Cs, en tanto que ha cerrado un encuentro con EH Bildu para la semana que viene.

Una ronda propia que coincide con la de Iglesias, aunque el líder de Podemos la circunscribe de momento al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, y su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

Ni una ni otro cumplen con el orden pactado con el presidente Pedro Sánchez para los "contactos formales", que correrán a cargo de Montero y el responsable económico de Podemos y secretario de Estado, Nacho Álvarez. Estos comenzarán con los partidos que dieron el sí a la investidura, seguirán por las abstenciones -ERC y Bildu- y acabarán con quienes se opusieron, lo que supone relegar a Cs.

Ha sido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el primero en revelar el encuentro mañana con Iglesias en una entrevista radiofónica en la que ha reiterado la disposición al acuerdo y ha explicado que reclamará un cambio en la política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Poco después, Rufián ha confirmado en el Congreso su reunión y ha comentado que "no hace falta ser Noam Chomsky" para saber que, con Ciudadanos, el PSOE viviría mucho más tranquilo, aunque ha avisado de que en el medio y en el largo plazo el PSOE "pagará muy caro" si opta por ellos.

Pero en la formación de Inés Arrimadas parecen no inmutarse ante esos movimientos de Iglesias. "Los presupuestos los tramita Hacienda", ha subrayado Edmundo Bal, portavoz parlamentario de Cs, en una rueda de prensa en la que se ha preguntado si unos buenos presupuestos son los que pudieran firmar ERC y EH Bildu, "patrocinados" por el líder de Podemos.

O, por el contrario, ha añadido, los que pueda apoyar Ciudadanos "con su sentido útil y pragmático y que Bruselas vería con buenos ojos".

Una de las exigencias de la formación naranja es tener unas cuentas lo más razonables y moderadas posibles, y precisamente hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que algunas de las medidas fiscales previstas en el acuerdo de Gobierno se pospondrán hasta que la situación económica "lo aconseje", por lo que no se incluirán en el proyecto presupuestario de 2021.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha eludido concretar cuáles serán los cambios que se retrasan -estaba previsto subir el IRPF a las rentas altas o establecer un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades, entre otros-, aunque ha insistido en que la recaudación será suficiente para sufragar el Estado del bienestar.

La intención de posponer cambios fiscales ha motivado tensiones entre los socialistas e Iglesias, que garantizó que las cuentas implicarían "una revisión de la fiscalidad en un sentido progresista y redistributivo".

En el marco de la decisiva negociación presupuestaria, Unidas Podemos y el PSOE han chocado también en los últimos días por las jubilaciones, los salarios de los funcionarios o las bajas para los padres con hijos en cuarentena sin PCR.

A ese respecto, la ministra de Hacienda ha asegurado hoy que en el Gobierno no hay intención de elevar la edad legal de jubilación, actualmente en los 65,8 años y que alcanzará los 67 años en 2027.

"El objetivo es ver cómo progresivamente vamos acercando esa edad a la legal. Ese es el camino a recorrer", ha dicho Montero después de que ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresase sus diferencias públicas al respecto con el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá.